El Ayuntamiento de Barcelona tiene unos criterios lingüísticos tan o más estrictos que los de la Generalidad, no en vano los socialistas que gobiernan a ambos lados de la plaza de San Jaime comparten con el separatismo las mismas teorías lingüísticas. Bajo el mando del alcalde Jaume Collboni, el Ayuntamiento ha heredado los planes de exclusión del español trazados por el anterior equipo de gobierno –en el que Collboni era primer teniente de alcalde– con Ada Colau al mando y el impulso de ERC.
De esa manera, el Ayuntamiento, según denuncia el grupo municipal del PP, impone que las empresas que pretendan acceder a concursos y contratos con la administración municipal empleen únicamente el catalán en su documentación y en las relaciones escritas y orales.
"Condicionar la adjudicación de contratos públicos al uso del catalán genera una discriminación hacia entidades o empresas de fuera de Cataluña, que usen el castellano u otras lenguas cooficiales o extranjeras, vulnerando el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española", ha afirmado al respecto el presidente del grupo municipal del PP, Daniel Sirera.
El dirigente popular entiende que "imponer cláusulas de ejecución lingüísticas restrictivas contraviene el principio de libertad de acceso, especialmente si la lengua no es un requisito esencial para el objeto del contrato".
Dos ejemplos
El PP pone como ejemplos un contrato de suministro de motocicletas para la Guardia Urbana y unas obras de mejora del drenaje en una calle del distrito de Ciutat Vella. Ambos indican lo siguiente en sus cláusulas para contratación: "Entregar toda la documentación necesaria para el cumplimiento del contrato en catalán y hacer uso de este en las presentaciones objeto del contrato".
Según Sirera, "al limitar el acceso a empresas que solo usan catalán, se reduce la competencia en licitaciones públicas. Esto puede derivar en menos eficiencia, menor calidad de servicio y mayores costes para la administración pública, contraviniendo los principios rectores recogidos en la Ley de contratos del sector público".
El grupo municipal popular lamenta que Collboni asuma las exigencias lingüísticas de ERC, a las que atribuye el nombramiento de una "comisionada lingüística" a la que se ha dotado de un presupuesto de 4 millones de euros para imponer medidas contrarias a la naturaleza bilingüe de la ciudad y a la convivencia de dos idiomas oficiales. La periodista Marta Salicrú ha sido la agraciada con el nombramiento de comisionada.
En coincidencia con la creación de esta figura, el Ayuntamiento ha anunciado que "propondrá crear la Oficina de la Lengua Catalana para pensar, desarrollar y evaluar acciones para fomentar el uso social de la lengua en Barcelona, así como la creación del Consejo de la Lengua Catalana de Barcelona para establecer un diálogo entre el Gobierno de la ciudad y el sector de la promoción del uso social del catalán".
Al tiempo, la portavoz de ERC en el Ayuntamiento y número 2 de Oriol Junqueras, Elisenda Alamany, ha asegurado que la comisionada condicionará las subvenciones de la administración municipal "al impulso de la lengua". Según la terminología de ERC, se trata de incluir "el criterio del catalán" en la concesión de prestaciones.