El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado una docena de artículos del decreto 91/2024 del 14 de mayo de régimen lingüístico del sistema educativo no universitario. La resolución estima parcialmente un recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en contra de la exclusión del español como lengua vehicular.
Con ese decreto, la Generalidad pretendía blindar el catalán como única lengua vehicular en las escuelas de Cataluña, con la excepción del Valle de Arán, donde el aranés quedaba también fijado como lengua vehicular. El español quedaba relegado a la asignatura de "lengua castellana" mientras que el catalán se convertía en lengua única de aprendizaje, de la actividad docente y administrativa y en las relaciones y comunicaciones con las familias.
Era la respuesta de la Generalidad, que en aquel momento estaba en manos de ERC, a las sentencias ratificadas por el Tribunal Supremo relativas al 25% de clases en español en la enseñanza obligatoria en Cataluña. El recurso de la AEB provocó que el TSJC suspendiera cautelarmente el decreto, aunque tanto la consejería de Enseñanza de ERC como la actual, en manos del PSC con Esther Niubó al frente, han hecho caso omiso. Nada ha cambiado en la "escola catalana" a pesar de las sentencias favorables a que se imparta un 25% de clases en español.
A la espera de la decisión del Tribunal Constitucional ante los recursos cruzados sobre el 25%, las escuelas públicas y las concertadas operan en la región con los criterios políticos de la inmersión lingüística en catalán y la exclusión prácticamente total del español, limitado a la asignatura de lengua y a "contenidos específicos" que no se especifican. Las aulas de acogida a los niños procedentes del extranjero se centran en el catalán. Las comunicaciones tanto orales como escritas con los padres se ciñen exclusivamente al catalán, así como toda la actividad de los centros. El catalán es obligatorio hasta en los comedores escolares.
"Ausencia de mención alguna"
El TSJC ha anulado los artículos 2, 4, 6, 7.2, 9.3b, 10, 18.a, 19, 24, 33 y 34.1 del citado decreto, que eran los que blindaban el catalán e ignoraban el español. La resolución conviene que "la ausencia de mención alguna a la lengua castellana como lengua vehicular de la enseñanza impide considerar que resulte garantizada la presencia adecuada del castellano y que existan instrumentos de control y evaluación que hagan posible que todo el alumnado alcance la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana".
En cualquier caso, los efectos prácticos del fallo serán de imposible comprobación ante la falta de personal de la Alta Inspección del Ministerio de Educación en Cataluña, que sólo cuenta con un inspector para toda la región, del mismo modo que no se pudo verificar si los centros obligados por sentencia a impartir el 25% de español cumplían el fallo o continuaban con sus prácticas habituales.
Conmoción separatista
Entre grupos independentistas tales como la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Plataforma per la Llengua, la decisión del TSJC ha causado un notable impacto. La ANC habla de "golpe de Estado" judicial contra el catalán y de "siglos de persecución lingüística". Òmnium anuncia que recurrirá a los tribunales y que convocará movilizaciones. Además, tacha al TSJC de "tribunal politizado y anticatalanista". La Plataforma per la Llengua, el grupo de delatores lingüísticos voluntarios, ha dicho que mantendrá "el frente judicial".