El caos vivido en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España ha provocado un auténtico terremoto en el ámbito policial. Cuatro de los principales sindicatos de la Policía Nacional –JUPOL, SUP, CEP y UFP– han salido en tromba contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, denunciando que las órdenes políticas favorecieron a los violentos y dejaron abandonados a los agentes en plena calle.
En conjunto, los sindicatos policiales han coincidido en un diagnóstico: las decisiones políticas, y no los criterios técnicos, guiaron el operativo de seguridad en la etapa final de la Vuelta. Y a juicio de todos ellos, según han denunciado, la prioridad del Ejecutivo fue no incomodar a los grupos radicales que iban a ocasionar los disturbios, aunque eso significara sacrificar la seguridad de agentes y ciudadanos.
El sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los mayoritarios en la Policía Nacional, ha exigido la dimisión inmediata de Sánchez, Marlaska y del delegado del Gobierno en Madrid. Según ha explicado, los disturbios se produjeron por un "desastre operativo" en el que "se ignoraron protocolos básicos y se desoyeron las peticiones de refuerzo". El resultado: 22 agentes heridos y una etapa de la Vuelta marcada por la violencia.
"Los policías nacionales evitaron una catástrofe mayor gracias a su profesionalidad, pero fueron abandonados por una cadena de mando que guardó silencio ante las peticiones de ayuda", han denunciado desde JUPOL, que ha acusado al Ejecutivo de "blanquear" a los grupos radicales que protagonizaron los altercados, que estuvieron detectados desde antes de los episodios violentos y que no fueron ni embolsados ni expulsados por prevención.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el otro sindicato mayoritario del cuerpo, se ha mostrado igual de contundente. Ha asegurado que "se ha atado de pies y manos" a los agentes desplegados y que el dispositivo fue "totalmente insuficiente". "En condiciones normales, la Vuelta nunca se hubiera cortado", ha remarcado, acusando al presidente Sánchez de "alimentar la protesta" y de "debilitar la autoridad del Estado".
El SUP también ha arremetido contra Marlaska, al que acusa de mirar "hacia otro lado" pese a las advertencias previas del deterioro de la Unidad de Intervención Policial (UIP). "Hoy se ha demostrado que los políticos han comprometido nuestra seguridad en la actuación", han advertido desde el sindicato y han reclamado que la operativa policial quede al margen de los intereses partidistas.
La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado que los radicales lograron imponer la "dictadura de la violencia" en las calles del centro de Madrid y ha exigido a los partidos políticos que alentaron o blanquearon las movilizaciones que condenen "de inmediato y sin paliativos" la violencia. En especial, señalan a dirigentes de Podemos, a los que han acusado de buscar la confrontación con la Policía para acusarla de actuar con criterios ideológicos.
Para la CEP, lo sucedido ha puesto en peligro tanto a los agentes como al público asistente a un evento deportivo internacional. "Se ha boicoteado la Vuelta y se ha dañado la imagen de España", han advertido, mientras trasladan su apoyo total a las unidades policiales que intervinieron en un escenario marcado por el riesgo y la tensión.
La Unión Federal de Policía (UFP) ha calificado lo sucedido en la Vuelta a España como "una vergüenza internacional", ha denunciado que buena parte de los manifestantes estuvieron "embozados, violentos, organizados y armados con pirotecnia y chinchetas" y que aprovecharon la distribución del recorrido para atacar en distintos puntos a la vez, haciendo más difícil la actuación policial.
El sindicato ha denunciado que lo sucedido no se produjo por un fallo operativo, sino que fue el resultado del "amparo político irresponsable" de ciertos representantes públicos que habrían alentado las movilizaciones. UFP ha exigido que "se depuren inmediatamente responsabilidades políticas", pues considera que la seguridad nacional fue puesta en riesgo por decisiones guiadas por intereses partidistas más que por criterios técnicos.