La defensa de Begoña Gómez que ejerce el exministro del Interior del PSOE, Antonio Camacho, recurrió en sede judicial a un pintoresco argumento para negar el presunto delito de malversación cometido por la esposa de Pedro Sánchez con su asesora de Moncloa: "Si eres un juez instructor que fuma y pides a un agente judicial que te compre un paquete de tabaco, no sería reprochable penalmente".
La propia Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, no acudieron este sábado a su citación como investigados ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, para ser informados de los hechos presuntamente delictivos por los que serían juzgados por un jurado popular. Todo ello, a pesar del dispositivo de seguridad desplegado en las inmediaciones de los Juzgados de Plaza de Castilla con numerosos efectivos de Policía Nacional y de los servicios de seguridad de Moncloa.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la defensa de Begoña Gómez y de los otros dos investigados y la Fiscalía pidieron el archivo de las actuaciones durante la vista que se extendió durante hora y media. Todos ellos aseguraron que no se había cometido ninguna malversación de fondos públicos. Sorprendente fue el argumento expuesto por el abogado de la esposa de Sánchez, tras solicitar la nulidad del caso por no tener acceso a los últimos correos de la causa: ‘Si eres un juez instructor que fuma y pides a un agente judicial que te compre un paquete de tabaco, no sería reprochable penalmente’".
"Por su parte, el Ministerio Público también solicitó el archivo de la investigación a pesar de haber localizado 121 correos electrónicos en los que Cristina Álvarez gestionaba cuestiones privadas de Begoña Gómez sobre la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la esposa de Pedro Sánchez", añaden.
"Las defensas de los investigados solo se pusieron de acuerdo para asegurar que la presencia de Gómez, Álvarez y Martín en la vista de este sábado era un derecho y no una obligación. Justificaban su ausencia haciendo referencia a la interpretación efectuada por la Fiscalía sobre los trámites de la Ley del Jurado efectuada en una circular de 1995, según la cual su asistencia no era indispensable. No obstante, durante sus intervenciones cada defensa hizo un sálvese quien pueda, sin apreciarse una estrategia conjunta. No negaron los hechos, pero afirmaron estos no eran delictivos", subrayan.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "especialmente llamativa fue la intervención del abogado del Estado que defiende al delegado del Gobierno en Madrid. Para defender a Francisco Martín, no dudó en responsabilizar al actual ministro de Justicia Félix Bolaños por la contratación de la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa. Todo ello, después de que el Tribunal Supremo tumbase la petición de Peinado de imputar al propio Bolaños antes del verano".
"Por su parte, las acusaciones populares personadas en la causa solicitaron al juez Peinado la práctica de nuevas diligencias de investigación. Entre ellas, la declaración como testigos del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el ministro de Justicia Félix Bolaños o el exvicerrector de la Universidad Complutense (UCM), Juan Carlos Doadrio", afirman.
"El abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, en representación de todas las acusaciones populares, realizó una extensa intervención exponiendo todos los indicios delictivos de malversación que existen en el procedimiento. De esta forma, desmontó la estrategia de defensa de Begoña Gómez que intentaba simplificar los favores personales de Cristina Álvarez al intercambio de algunos correos electrónicos con los responsables de la Complutense para gestionar la cátedra. Dicha intervención puso de manifiesto la presunta existencia de un delito de malversación continuada, que no se limitaría a la mera contratación de la asistente de Gómez en Moncloa", concluyen.
La espantada de Begoña Gómez
La espantada de Begoña Gómez ante el juez Peinado se produjo en su quinta citación en el marco de esta causa. Las dos primeras ocasiones en las que fue citada como investigada se acogió a su derecho a no declarar mientras que en la tercera y cuarta citación optó por contestar únicamente a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.
Recordamos que Peinado citó a los tres investigados en aplicación del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. El instructor debe dirimir si deben ser juzgados por desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y por si esta desempeñó funciones privadas para la mujer del jefe del Ejecutivo como recaudar el dinero de los patrocinios de la Cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense.
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