Carles Puigdemont se siente víctima de una estafa. Ocho años después del golpe de Estado que encabezó junto a Oriol Junqueras se queja de que no se le ha aplicado la amnistía, se cree víctima de un "golpe de Estado togado" y amenaza con implantar el llamado "mandato" del 1-O, el simulacro de referéndum organizado por la Generalidad antes de la proclamación de la efímera (ocho segundos) república catalana.
Un día antes de la efeméride, Junts per Catalunya (JxCat), el partido del prófugo más famoso de España y socio de Pedro Sánchez, ha emitido un comunicado en el que califica esa puesta en escena como "la expresión de la más alta voluntad de los catalanes y las catalanas y su mandato sigue plenamente vigente". Tan vigente que, añade la nota, "en Junts reivindicamos su vigencia y reafirmamos nuestro compromiso de implantar su mandato".
El partido separatista, fundado después de que Puigdemont se fugara de España, sigue sosteniendo que ese día votaron 2,3 millones de catalanes y que más del 90% votó a favor de la independencia. También sostiene que aquel referéndum fue "escrupulosamente democrático y vinculante".
Además, en el comunicado se niega la "normalización" de la que presume el actual presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y se afirma que "la respuesta del Estado español continúa siendo la misma: represión, criminalización y negación de los derechos democráticos". Y en un alarde de desmemoria se sostiene que "la mayoría de los dirigentes que organizaron el referéndum continúan sin poder hacer política con normalidad porque están inhabilitados o en el exilio (sic), como el presidente Carles Puigdemont y los consejeros Lluís Puig y Toni Comín.
En el penúltimo párrafo es en el que se aprecia el hartazgo de Puigdemont, quien se queja de que hay jueces que se niegan a aplicar la ley de la amnistía. El líder separatista pasa por alto en este punto que él no tuvo reparo ninguno en derogar leyes como la Constitución y el Estatuto de Autonomía para financiar y celebrar un referéndum ilegal al tiempo que sembraba la división en la sociedad catalana.
Que no se aplica la ley
"La ley de amnistía, que debía resolver este conflicto político, sigue atascada por la resistencia de una parte del poder judicial español a aplicar una ley aprobada democráticamente por los representantes de la soberanía popular. Vivimos un golpe de estado togado que impide la aplicación de la amnistía", señala el texto dado a conocer este martes.
Por esa razón, acaba el panfleto, "desde Junts nos reafirmamos en la vigencia del mandato del referéndum y reafirmamos nuestro compromiso para hacerlo efectivo trabajando para rehacer la unidad del independentismo y recuperar la mayoría en las instituciones y en la calle".