El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha imputado al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o, alternativamente, de genocidio. El motivo es la venta de acero sin autorización a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armamento pesado y ligero.
Para justificar la acusación de complicidad en genocidio, el magistrado considera de "dominio público" los hechos ocurridos en Gaza, basándose no sólo en informaciones de prensa sino en la "calificación provisional" del Tribunal Penal Internacional y en las denuncias de figuras como la relatora de la ONU Francesca Albanese o la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo UNRWA.
La causa se inició a raíz de una querella interpuesta por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa. Según el auto, la cúpula de Sidenor vendió el material "sin haber solicitado autorización del Gobierno ni inscribirse en el registro correspondiente", siendo conscientes del destino final del acero. El juez ha citado a declarar a los tres investigados para el próximo 12 de noviembre.
Curiosamente, el juez exime de responsabilidad penal a la sociedad Sidenor Aceros Especiales SLU gracias al "papel activo de los trabajadores" en la denuncia. Aplicando la nueva ley de protección de informantes, considera que la empresa actuó en interés de sus empleados al contribuir a destapar e "impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva", por lo que no se verá afectada por medidas cautelares.