El SUP inicia una batalla legal para salvar la Jefatura de la Policía en Cataluña y evitar que se dé al separatismo

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, ha presentado un extenso informe de alegaciones ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para frenar la declaración del edificio de Vía Laietana 43, en Barcelona, como "Lugar de Memoria Democrática". El sindicato denuncia que esta medida pretende desacreditar a la Policía Nacional y forzar su salida del centro de la capital catalana.

El documento, de 17 páginas y al que ha tenido acceso Libertad Digital, acusa al Gobierno de impulsar un procedimiento "viciado de nulidad" y "dirigido con fines políticos". Según dice, la incoación del expediente vulnera derechos fundamentales al haberse tramitado sin audiencia previa a los sindicatos policiales y sin permitirles acceso al expediente administrativo, lo que habría provocado una indefensión material contraria al artículo 24 de la Constitución.

El sindicato subraya que la Ley de Memoria Democrática no puede aplicarse retroactivamente a instituciones democráticas en activo. La Jefatura Superior de Policía de Cataluña —señala el informe— no es un vestigio franquista, sino una institución constitucional que lleva casi medio siglo defendiendo el Estado de Derecho. "Confundir la represión de la dictadura con la labor actual del Cuerpo Nacional de Policía es una tergiversación inaceptable", denuncia el texto.

En sus alegaciones, el SUP sostiene que la medida vulnera el principio de proporcionalidad, ya que existen alternativas menos gravosas para honrar la memoria de las víctimas del franquismo. "La Administración ha elegido la opción más lesiva: estigmatizar una institución democrática y operativa, ignorando su papel en la defensa de las libertades", afirma el sindicato, que recuerda que el edificio es una instalación policial de alta seguridad incompatible con un uso público o turístico.

El informe va más allá y acusa al Gobierno de desviación de poder, asegurando que la declaración de "Lugar de Memoria" no busca la reconciliación, sino la expulsión simbólica y física de la Policía Nacional del corazón de Barcelona. El SUP considera que el Ejecutivo ha cedido a las presiones del separatismo, que lleva años exigiendo la reubicación de la Jefatura como parte de su agenda política contra el Estado.

El sindicato defiende que el edificio ha experimentado una profunda resignificación democrática desde la Transición. "Vía Laietana dejó de ser hace décadas un símbolo del franquismo para convertirse en un baluarte de la legalidad y las libertades", asegura el texto. Recuerda además que desde esta sede se gestionó la lucha contra ETA, los GRAPO y Terra Lliure, y se coordinó la seguridad de los Juegos Olímpicos de 1992.

El SUP destaca también el papel decisivo de la Jefatura en la construcción del modelo policial catalán. Desde 1994 hasta 2008, los agentes de la Policía Nacional colaboraron en el despliegue de los Mossos d'Esquadra, compartiendo formación, información y competencias. "Estigmatizar este edificio es despreciar una historia de cooperación leal entre policías del Estado y de la Generalidad", advierte el sindicato.

En el plano ético, el SUP denuncia un agravio moral y profesional hacia los policías que trabajan o han trabajado en la Jefatura, muchos de los cuales han dado su vida en defensa de la democracia. La declaración, aseguran, supone un ataque al honor y la dignidad de la institución, un "mensaje devastador" para quienes sirven al Estado en Cataluña "a menudo en condiciones de extrema dificultad y hostilidad".

El informe también compara el caso español con modelos europeos de gestión de la memoria histórica. En Alemania, por ejemplo, los antiguos cuarteles de la Gestapo fueron demolidos o convertidos en museos independientes, sin afectar a las instituciones actuales. "Ninguna democracia madura ha declarado como 'lugar de terror' una comisaría en funcionamiento", recuerda el documento, calificando la propuesta española de anomalía internacional.

En sus conclusiones, el SUP exige la nulidad de pleno derecho del procedimiento y la suspensión cautelar de la tramitación. Pide al Gobierno que explore "fórmulas alternativas de memoria" —como señalización contextual o centros de interpretación externos— que permitan recordar a las víctimas sin "señalar injustamente a quienes defienden la libertad hoy". De lo contrario, advierte, recurrirá a los tribunales para defender los derechos de sus afiliados.