Álvaro García Ortiz llegó a la Fiscalía General del Estado (FGE) en julio de 2022 después de la dimisión de –hasta entonces su jefa— Dolores Delgado. Ya entonces, con Delgado al frente, se había cuestionado el control que hacía el Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Ministerio Fiscal –el jefe del Ejecutivo deslizó en 2019 aquello de ‘¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está’—; sin embargo, bajo el mandato de García Ortiz, ha sido la primera vez que España ha visto un fiscal general sentado en el banquillo de los acusados y condenado por revelar secretos de una persona cercana a un rival político.
García Ortiz ha sido condenado a dos años de inhabilitación, además de doce meses de multa y el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, de quien filtró datos privados incurriendo en un delito de revelación de secretos.
El caso comenzó a principios del año 2024, cuando la Hacienda notificó a González Amador que había derivado a la Fiscalía las pesquisas por las declaraciones fiscales de su empresa de los ejercicios de 2020 y 2021. Su por entonces abogado, Carlos Neira, quiso negociar un pacto con Fiscalía para pagar una multa y reconocer los delitos acusados. Este es un proceso habitual.
El fiscal Julián Salto respondió a mediados de febrero al correo confirmando que tomaba nota de la oferta y, durante el mes siguiente, el caso llega a los Juzgados de Madrid y a manos de la jefa del organismo, Pilar Rodríguez; que sería posteriormente conocida como la fiscal cianuro por un mensaje en el que aseguraba que le daban "ganas de poner cianuro" en la nota que posteriormente emitió la Fiscalía General de Madrid cuando estalló el caso en los medios de comunicación.
El 12 de marzo de 2024, eldiario.es publica que el novio de Ayuso habría cometido presuntos delitos fiscales. Al día siguiente, el diario El Mundo publica una noticia en la que informa que habría sido la Fiscalía quien habría enviado la nota de conformidad al abogado de González Amador contradiciendo las informaciones hasta ahora vertidas.
Este hecho desata una sucesión de conversaciones que habría ordenado García Ortiz, que se pone en contacto con la fiscal cianuro. Esta llama al fiscal Salto –que se encontraba viendo el fútbol en el estadio— y le insta a trasladarle urgentemente los correos que hubiese mantenido con el abogado de González Amador. A los pocos minutos de recibirlos, la información de esos correos se filtra a La Sexta y a La Cadena Ser.
Lobato: "Parece que me lo pasa Fiscalía"
En la mañana del 14 de marzo de 2024, la Fiscalía Provincial de Madrid de Pilar Rodríguez difundía una nota de prensa elaborada por el propio García Ortiz que incluía frases textuales de los correos electrónicos de la negociación reservada entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso Julián Salto. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se negó a participar en esta filtración enfrentándose al fiscal general.
Por su parte, la entonces mano derecha de Óscar López –que en ese momento ocupaba el cargo de jefe de Gabinete de Presidencia del Gobierno—, Pilar Sánchez-Acera, se pone en contacto con el que fuera líder del PSOE de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, y le envía los correos electrónicos. Este pregunta su procedencia y advierte de que si muestra los correos tal como se los ha mandado en el Pleno de la Asamblea de Madrid parecería que se los había filtrado la Fiscalía.
Finalmente, ante la negativa de Lobato a usarlos sin que estuviesen publicados en los medios, estos son publicados por El Plural. Pocos minutos pasada la hora de la publicación de la noticia, la Fiscalía envía a los medios de comunicación una nota corroborando la información del diario izquierdista. La publicación de los correos incurrió en una revelación de secretos que afectaba a González Amador, que denunció al jefe de la Fiscalía.
El borrado de móvil
Cabe recordar que, durante el proceso de investigación del caso por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, García Ortiz borró su teléfono móvil y su correo personal, al que pidió que le mandaran la sucesión de mensajes entre Salto y el abogado de la pareja de Ayuso.
También es necesario destacar que, durante el juicio oral, García Ortiz se negó a responder a las acusaciones, tanto la particular como las acusaciones populares. Finalmente, este ha sido condenado por el Tribunal Supremo, encargado del caso, evidenciando que el encargado máximo de defender la legalidad cometió un delito para atacar a una rival política de Sánchez.