El abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Juan Antonio Frago, ha reflexionado en La Trinchera de Llamas de esRadio sobre la inhabilitación de dos años impuesta por el Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un delito de revelación de datos reservados.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado, junto con una multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios por un delito tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal.
Además, se impone una indemnización de 10.000 euros al perjudicado —Alberto González Amador— por daños morales. Frago ha subrayado que "podía haber dado para más la condena. Pero teniendo en cuenta la extrema dificultad del asunto, la presión tan descomunal que ha ejercido sobre el tribunal, hay que ver el vaso bastante más medio lleno que medio vacío".
Cómo se fraguó el caso según Frago
Frago describe dos líneas de acusación que pesan sobre García Ortiz. En primer lugar, la nota de prensa firmada por el fiscal general, cuya autoría él mismo reconoció: "Eso ya es una mera operación jurídica de determinar si el texto de dicha nota es delictivo o no." En segundo lugar, la filtración de datos del señor González Amador, en la que intervienen comunicaciones que investiga la UCO. Frago ha señalado que "todo lo que sacó la UCO de las comunicaciones con el primer periodista que publicó el famoso correo" es "evidentemente" una prueba de peso.
Frago ha comentado que durante el juicio "iba cambiando su cara por momentos. Hubo determinadas testificales que no le gustaron nada y no contemos ya cuándo intervino la Guardia Civil, la UCO." Por contraste, cuando los testigos eran "más propicios para él estaba mucho más relajado".
Credibilidad en entredicho y borrado de pruebas
El abogado ha insistido en que el argumento de la defensa —que muchos periodistas ya conocían el contenido del correo antes de la filtración oficial— no es suficiente. "Al final de lo que se trata es que el testigo pueda aportar luz sobre la autoría o no autoría", ha señalado Frago. Ha resaltado además, con un ejemplo propio, que el secreto profesional no puede ser usado para impedir que un tribunal acceda a la fuente real de la acusación.
Frago ha hecho una advertencia clara sobre el borrado de documentación: "Hay un teléfono móvil que todavía no se sabe dónde está, un teléfono con el que igual teníamos varias causas penales más abiertas". Además, ha recordado que "desde luego el borrado o eliminación de la prueba del delito suele ser tomado por los tribunales occidentales como un elemento de cargo bastante importante".
Para Frago, el caso supone un golpe para la credibilidad de la institución. Ha subrayado que no se activó ni una auditoría informática que determinase —como ocurre en cualquier administración— quién accedió al correo electrónico comprometido. Ha detallado que en la lista presentada por la Fiscalía figuraban "al menos 29" personas que "o se habían jubilado ya años antes o habían fallecido", lo que implica "falsedad documental".