El juez de Instrucción número 42 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha recriminado este jueves a La Moncloa que no le haya enviado las agendas de la esposa del presidente, Begoña Gómez, y su asistente, Cristina Álvarez. Una información que ha vuelto a reclamar con el objetivo de saber si Álvarez trabajó para Gómez en sus negocios privados cobrando del erario público.
Peinado se encuentra investigando si Begoña Gómez utilizó a la asesora de presidencia del Gobierno para sus fines privados, por lo que la asesora ha sido imputada en el caso por haber cometido un supuesto delito de malversación de caudales públicos. Además de este delito, Peinado le imputa a la esposa de Pedro Sánchez la comisión de supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.
"Que se remita al Juzgado las agendas de las investigadas María Begoña Gómez Fernández y María Cristina Álvarez Rodríguez, y su posterior análisis de las mismas por la UCO, a fin de determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc. realizadas por ambas a la vez, o solo por la investigada Cristina Álvarez, estaban en relación a actividades personales o profesionales de la otra investigada, Begoña Gómez", explica una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital.
En este sentido, ha aseverado que se vuelve a reclamar "nuevamente a Presidencia del Gobierno" esta información, o bien que Moncloa explique por qué no ha ofrecido estos datos al Juzgado de Instrucción a "día de hoy". "En concreto, se les requería para que informen sobre todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del Presidente del Gobierno, con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo, así como el número de asistentes nombrados de forma simultánea a cada cónyuge", explica el magistrado en la providencia.
De la misma forma, Peinado reclama a Presidencia del Gobierno que le entregue los datos salariales actualizados hasta este mismo jueves de los cobros de Álvarez del erario público como asesora de La Moncloa: "Que aporte, en soporte oficial y completo, la certificación retributiva íntegra de la investigada María Cristina Álvarez Rodríguez correspondiente a todo el ejercicio 2025, así como los documentos acreditativos de su situación administrativa (nóminas mensuales, complementos, costes sociales y cualquier variación de su relación de servicios) hasta la fecha en que se produzca la efectiva baja o cese".
Peinado pone hincapié en la providencia en los supuestos viajes que realizaran tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez, ya que estos podrían destapar si Álvarez ejercía como secretaria de Gómez para sus asuntos privados recayendo en un posible delito de malversación de caudales públicos. Por ello reclama "toda la información" sobre estos recalcando la necesidad de analizar facturas pagadas con medios públicos, el uso de coche oficial u otros medios pertenecientes a Presidencia y otros gastos derivados de los viajes.
Crucial para analizar el papel de Álvarez
El juez también informa de que, de no remitirlo ni alegar las causas que imposibilitan ofrecer esta información –como ha hecho Moncloa hasta el momento—, se podría incurrir en un delito de desobediencia. Contra esta resolución cabe, recuerda el magistrado, recurso de reforma en los próximos tres días si las partes apeladas entienden que la providencia no tiene justificación.
La entrega de las agendas es crucial para su posterior análisis y entender el papel real que habría llevado a cabo Álvarez, que llegó a La Moncloa en 2018, después de la moción de censura con la que Sánchez desbancó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno.
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