La Fiscalía está permitiendo la cacería a los magistrados del Tribunal Supremo que condenaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El Supremo avanzaba hace diez días el fallo de la sentencia que condenaba a García Ortiz por un delito de revelación de secretos a una inhabilitación en el cargo por dos años, al pago de una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. De los 7 magistrados que componen el tribunal, el presidente Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Antonio de Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela votaron a favor de la condena. Por su parte, las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo anunciaron un voto particular en contra de la condena.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "la Fiscalía, que todavía dirige de forma interina el propio condenado Álvaro García Ortiz hasta la toma de posesión oficial de su sucesora Teresa Peramato, está permitiendo la cacería brutal que están sufriendo en los últimos días los magistrados que votaron a favor de la condena del fiscal general".
"Tras conocerse el fallo, el Gobierno, los medios de comunicación sanchistas y las redes sociales están señalando a los magistrados, publicando sus fotos y difamándolos. Se han llegado a realizar ataques personales a los magistrados y a sus familiares. Están siendo víctimas de una campaña de incitación al odio, sin que la Fiscalía esté moviendo un dedo para evitarlo o investigarlo".
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el Ministerio Público debería investigar estos hechos, al igual que ha abierto investigaciones de oficio en el pasado por supuesta incitación al odio en asuntos muy mediáticos, pero sin ningún tipo de recorrido judicial. Cabe destacar que el Estatuto Fiscal encomienda a la Fiscalía el papel de garantizar y velar por el trabajo de los jueces".
En este contexto, el artículo tercero del Estatuto Orgánico de Ministerio Fiscal (EOMF) establece que corresponde al Ministerio Fiscal velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes; ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales; y velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa".
En los últimos días, medios de comunicación progubernamentales como eldiario.es señalaban a los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Antonio Del Moral y Juan Ramón Berdugo por participar en cursos de formación para abogados de oficio organizados por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que ejerció la acusación popular en el juicio contra el fiscal general.
El propio ICAM aclaraba que "la participación de jueces, magistrados, fiscales y otros profesionales en actividades docentes del ICAM es una práctica habitual, normalizada y transparente". En este sentido, subrayaba que en el Centro de Estudios del ICAM han impartido clases "multitud de jueces, fiscales y abogados, incluida la fiscal propuesta como nueva fiscal general del Estado", Teresa Peramato.
La sentencia casi terminada
Las fuentes consultadas por este diario afirman que "la sentencia del Tribunal Supremo que redacta el magistrado Andrés Martínez Arrieta donde se podrán leer los argumentos de los magistrados para condenar a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos está prácticamente terminada. En estos momentos, se cierran los últimos flecos a la espera de que las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo finalicen su voto particular en contra de la condena al fiscal general del Estado".
"La sentencia podría conocerse próximamente. Poco antes del puente de diciembre y si no, en todo caso, antes de las vacaciones de Navidad", concluyen.
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