La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado este martes citar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para aclarar si su departamento ocultó pruebas sobre la tragedia que costó la vida a dos guardias civiles en Barbate (Cádiz). La fecha fijada para la comparecencia es el miércoles 28 de enero, después de que una misión de eurodiputados denunciara la posible retirada de material clave antes de su inspección.
La iniciativa, promovida por Vox y respaldada también por el grupo europeo del PP, ha prosperado pese al rechazo de formaciones vinculadas al PSOE europeo. El objetivo es someter a escrutinio político la actuación del Ministerio del Interior y esclarecer si se obstaculizó la investigación del arrollamiento mortal provocado por una narcolancha en febrero de 2024 en el citado puerto gaditano.
El caso estalló tras la visita de la misión europea al Estrecho en mayo de 2025, cuando varios eurodiputados denunciaron que no pudieron acceder a partes de la embarcación implicada y que ciertos elementos habían desaparecido antes de su llegada. El Gobierno español ha negado rotundamente esas acusaciones, pero la comisión considera que son lo suficientemente graves como para requerir explicación pública.
La comparecencia supone un desgaste para Marlaska, que deberá responder ante una institución europea en un momento de creciente presión política por la falta de medios policiales en Cádiz y por el auge del narcotráfico en la zona. La decisión abre un nuevo frente para el Gobierno, mientras PP y Vox han celebrado lo que consideran un primer paso para depurar responsabilidades.
Estas iniciativas europeas son consecuencia directa de las acciones de la Confederación Española de Policía (CEP), uno de los sindicatos con representación en el Consejo de la Policía Nacional, que hace unos meses emprendieron una campaña en Bruselas para que las instituciones comunitarias obligan al Gobierno español a declarar como profesión de riesgo la actividad que desempeñan policías y guardias civiles en nuestro país.
El sindicato ha celebrado que Marlaska sea obligado a comparecer en la Eurocámara: "es un avance esencial para que el ministro del Interior más reprobado de la democracia dé explicaciones sobre por qué sigue negándose a impulsar medidas como el declarar a los policías y guardias civiles como profesiones de riesgo o reformar el Código Penal para que las consecuencias de agredir a un agente no sigan siendo prácticamente testimoniales".