La fontanera del PSOE Leire Díez ha sido detenida este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y permanece en los calabozos de Tres Cantos a la espera de pasar a disposición judicial en los próximos días. También ha sido arrestado el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.
Según ha podido saber Libertad Digital, "la detención de Leire Díez no está relacionada con la causa de las cloacas del PSOE en la que es investigada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, sino que se trata de otro procedimiento que se investiga por parte de la Fiscalía Anticorrupción y que se instruye por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña. La investigación permanece bajo secreto de sumario".
"En esta nueva causa de corrupción se estarían investigando delitos de cohecho, tráfico de influencias o malversación. La operación sigue abierta y aún se deben practicar nuevas diligencias, previsiblemente registros. Además de Leire Díez, están salpicados varios empresarios. Se investiga el presunto cobro de comisiones ilegales y contratos públicos irregulares".
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "la detención de Leire Díez se ha precipitado ante la posibilidad de que se pudieran destruir pruebas. Aunque la operación no está relacionada con la Trama Koldo, existen ciertas conexiones con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Vicente Fernández accedió en 2018 a la presidencia de la SEPI, después de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, y cesó un año después, en 2019. Años después trabajó en Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso vinculada con Santos Cerdán. Fernández estuvo imputado en una causa de la Audiencia de Sevilla por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), de la que resultó absuelto.
Recordamos que Leire Díez ya está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales.
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