La asociación Hazte Oír ha solicitado este viernes personarse en las dos nuevas causas de supuesta corrupción vinculadas al PSOE que se han dado a conocer esta semana: la operación Leire Díez y el caso Plus Ultra.
Las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han provocado la detención de la fontanera socialista Leire Díez; el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso; y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el marco de una causa secreta que se investiga en la Audiencia Nacional sobre supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones de la SEPI. Además, el dueño de Plus Ultra ha sido detenido por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por otra causa distinta que investiga el rescate del Gobierno a la aerolínea venezolana durante la pandemia.
Según ha podido conocer Libertad Digital, la organización ha solicitado personarse en ambas causas para ejercer la acusación popular. En concreto, la organización ha pedido la personación del caso Leire al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña; que ahora tendrá que decidir si otorga ese papel a Hazte Oír.
Por otra parte, el caso por el que ha sido detenido el dueño de la aerolínea venezolana, Julio Martínez, y su consejero delegado, Roberto Roselli, procede de una investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que abrió la causa en 2022.
La magistrada Esperanza Collazos terminó decretando el sobreseimiento del caso en 2023. También consta una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2024 presentada en la Audiencia Nacional; por lo que se entiende que las novedades en el caso corresponden a la investigación de Anticorrupción.
Ambas investigaciones han salido a la luz esta semana con los sucesivos registros que se han dado en las sedes de las empresas vinculadas a las causas en diferentes puntos del país y con las detenciones de varios dirigentes vinculados a las supuestas ilegalidades cometidas. Uno de los beneficios que tiene el ejercicio de la acusación popular es que esta puede evitar que la Fiscalía –en caso de que adoptase la posición de la defensa— no investigue el caso.
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