El chalet de La Alcaidesa, el millón de euros y la influencia sobre Ribera y Maroto: así es la trama hidrocarburos

Una de las tramas que la Justicia seguirá de cerca este 2026 será la trama hidrocarburos, que incumbe al exministro José Luis Ábalos. El también exsecretario de Organización del PSOE habría presionado para que el empresario Víctor de Aldama y sus socios recibieran una licencia para su empresa de hidrocarburos que después supuestamente utilizaron para defraudar el IVA.

Los sucesivos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil describen un esquema en el que confluyen beneficios personales, presiones políticas sobre varios Ministerios, una licencia administrativa clave y un fraude masivo de IVA que habría permitido desviar decenas de millones de euros.

La trama necesitaba que el Ministerio de Transición Ecológica concediese una licencia a Villafuel. Sin esa autorización, concedida por el Ministerio de Teresa Ribera la trama no podía operar. Y para lograrla, los agentes sostienen que se activó una red de influencias políticas en la que Ábalos y su exasesor Koldo García jugaron un papel central, presionando al Ministerio de la dirigente socialista.

Uno de los elementos más llamativos como pago a Ábalos por su gestión es el uso y disfrute de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz), cuyo alquiler habría sido sufragado por sociedades vinculadas a la trama. Para los investigadores, no se trataría de un favor aislado, sino de una contraprestación por su intermediación política en favor de Villafuel.

De hecho, en uno de los mensajes recogidos por la UCO, dos personas cercanas a la trama certificaban que Ábalos comenzó a obrar para que Villafuel consiguiese la licencia de hidrocarburos una vez que recibió el chalet. "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito", se puede leer en uno de los mensajes intercambiados entre la empresaria Leonor González y su pareja Natán González.

Uno de los informes redactados por la Guardia Civil desvelado por Libertad Digital, señala que "la correlación entre la compra de la casa y la firme convicción, por parte de los integrantes de la organización criminal, de que obtendrían la autorización de operador mayorista, fue percibida en su entorno como una relación directa de causa-efecto, circunstancia espontáneamente verbalizada" de esta manera.

A ese beneficio se suma un flujo económico que la Guardia Civil cifra en torno a un millón de euros, destinado a "activar voluntades" dentro de la Administración. Parte de ese dinero habría circulado en efectivo y a través de sociedades instrumentales, dificultando su rastreo.

Ábalos presionó a Ribera y Maroto

La licencia dependía del Ministerio entonces bajo el liderazgo de la socialista Teresa Ribera, aunque el expediente también debía pasar por el Ministerio de Industria, a cargo de la dirigente socialista Reyes Maroto. Por ello, Koldo García –se entiende que bajo las órdenes de Ábalos— intermedió tanto con el jefe de Gabinete de Ribera como con el jefe de Maroto mediante la organización de varias reuniones y ofreciendo sus contactos dentro del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

Además, estas intermediaciones fueron opacadas por el PSOE. Así, la exministra Maroto compareció en la comisión de investigación del Senado en dos ocasiones: en la primera negó conocer a Aldama; mientras que en la segunda, después de conocerse que se había intercambiado 42 mensajes con Aldama, decidió no responder a las preguntas de los senadores.

Según la UCO, las presiones vendrían debido a que el socio de Aldama, Claudio Rivas, quería conseguir la licencia sin presentar la documentación necesaria para que no vinculasen la sociedad Villafuel a su nombre, ya conocido por la Justicia. Una vez conseguida la licencia para vender hidrocarburos al por mayor, los integrantes de la supuesta organización criminal los vendían cobrando el IVA, pero después no lo pagaban a Hacienda. Cuando Hacienda daba cuenta del fraude, la sociedad desaparecía y creaban otra distinta.

El caso se encuentra en fase de instrucción, a manos del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga los presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, apropiación ilícita de hidrocarburos y tenencia ilícita de armas que habría cometido la trama. La trama habría dedraufado cerca de 192 millones de euros, según los datos que maneja la Audiencia Nacional.