La Audiencia Nacional ha recibido una denuncia contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por su responsabilidad civil en el descarrilamiento en Adamuz. Por ello, el órgano judicial ha abierto diligencias previas contra el dirigente socialista.
El descarrilamiento de Adamuz ha segado la vida de más de 40 personas en un accidente mortal que ha supuesto el comienzo de más de una semana de caos ferroviario en todo el país. Una de las posibles causas del descarrilamiento podría ser el mal estado de las vías, que es responsabilidad de Adif, dependiente del Ministerio del Interior.
Ahora es el turno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que debe estudiar si existen indicios delictivos contra el ministro. Posteriormente al informe de la Fiscalía, el caso puede recalar en un magistrado instructor de la Audiencia Nacional, siendo este quien debe considerar si aprecia indicios delictivos contra Puente. Si es así, tendría que remitir una exposición razonada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, donde está aforado el ministro.
Por el momento, se trata de una fase muy preliminar del proceso judicial que ha recaído en el Juzgado Número 6 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Antonio Piña, que ha tramitado la denuncia a la Fiscalía. Fuentes jurídicas han explicado a Libertad Digital que la AN tendrá que valorar si es competente para investigar esta denuncia y, en caso de no serlo, podría ser archivada o enviada a otro órgano judicial.
Investigación en Montoro
La nueva titular del Juzgado de Instancia nº 2 de Montoro (Córdoba), Cristina Pastor Recover, es la encargada de asumir la investigación del accidente ferroviario en el término cordobés de Adamuz con una plantilla conformada por doce funcionarios.
Como ya publicó Libertad Digital, fuentes jurídicas señalaron a este diario, en relación a la investigación de este Tribunal, que Óscar Puente podría enfrentarse a una pena de hasta 4 años de prisión por la tragedia ferroviaria de Adamuz. "La investigación debe esclarecer si los hechos son constitutivos de un presunto delito de homicidio imprudente con resultado de 45 fallecidos hasta el momento", señalaron. De igual manera, estas fuentes precisaron que en este tipo de delitos la pena que se impone no depende de "la consecuencia final del delito".
"Por lo tanto, se impone una condena máxima de hasta 4 años de cárcel por un homicidio imprudente, independientemente del número final de víctimas ocasionado, ya que no es un delito doloso", precisaron.
Si la jueza logra acreditar que el ministro de Transportes "fue informado previamente del estado deficiente de las vías o de la infraestructura ferroviaria y no adoptó ninguna decisión para arreglar esta situación, sería responsable de los 45 homicidios imprudentes, ya que su omisión habría incrementado el riesgo de que se produjera el accidente".