La obsesión lingüística de los nacionalistas no tiene límites. La última cacicada al respecto la firma el Ayuntamiento de Gerona, en manos de la CUP. El alcalde, el "cupaire" Lluc Salellas, y sus socios de Junts y ERC, han decidido que a partir de ahora se podrá multar a las empresas contratadas por el Ayuntamiento que sean sorprendidas incumpliendo sus obligaciones en materia lingüística, obligaciones que consisten en excluir el español de todo uso y prestar sus servicios, sean del tipo que sean, exclusivamente en catalán.
La cláusula se ha introducido en el contrato del servicio de limpieza de "Girona, temps de flors" (Gerona, tiempo de flores), un certamen que se celebra en mayo con profusión de flores por toda la ciudad y que visitan unas 400.000 personas, informa El Mundo. "En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia lingüística se puede acordar la imposición de una penalización de un 0,1% a un 5% del precio de adjudicación, IVA excluido", reza el contrato. En cuanto a la fijación del porcentaje, se dice que "el importe de la penalización se fijará según el grado de intencionalidad, el número de destinatarios, la reincidencia y el perjuicio ocasionado".
Un paso más
El Ayuntamiento de Gerona da así un paso más en las iniciativas destinadas a la erradicación del español en Cataluña. Todos los ayuntamientos grandes y medianos de Cataluña tienen disposiciones lingüísticas obligatorias para las empresas que contratan con las administraciones locales. El mismo Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por los socialistas, condiciona sus contratos y subvenciones a que los destinatarios solo usen el catalán. El PP denunció en agosto del año pasado que en un contrato de suministro de motocicletas y en el de unas obras de mejora del drenaje de una calle se indicaba la obligatoriedad de "entregar toda la documentación necesaria para el cumplimiento del contrato en catalán y hacer uso de este (idioma) en las presentaciones objeto del contrato". Pero no solo los proveedores municipales están obligados a utilizar solo el catalán. Las imposiciones lingüísticas rigen también para la concesión de ayudas y subvenciones.
En el caso de Gerona, la posibilidad de que se impongan multas ha alertado a la entidad Convivencia Cívica Catalana, que ha presentado un recurso en el que afirma que las cláusulas del contrato se deben atener a su objetivo, ser proporcionadas y no limitar la concurrencia.