El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Madrid contra la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y de coacciones.
La denuncia se presenta después de que Libertad Digital desvelase las irregularidades en torno a la fiscalización de los contratos relacionados con el empresario Juan Carlos Barrabés. Así se desprende del texto de la denuncia, al que ha tenido acceso este diario, en el que se hace referencia en concreto a la noticia titulada: "El Tribunal de Cuentas oculta graves irregularidades detectadas en contratos de Barrabés para proteger a Begoña Gómez".
En esa noticia, tal y como también se detalla en la denuncia, el consejero del Departamento 4.º de Fiscalización, propuesto por el PP, José Manuel Otero Lastres, se había encargado de la elaboración de un informe con el objetivo de fiscalizar los contratos adjudicados a la empresa Red.es, entre los que se encontrarían contratos con Barrabés.
Cuando este consejero trasladó sus apreciaciones de "gravísimas irregularidades detectadas" la presidenta del Tribunal de Cuentas "y otras consejeras izquierdistas amenazaron con votar en contra del informe en el Pleno si no se omitían o diluían las referencias concretas a los contratos de Barrabés". Según la misma información, el criterio de la presidenta y de los consejeros izquierdistas era "político" y tenía como objetivo ocultar las irregularidades que actualmente está investigando la justicia.
A raíz de estas informaciones, el sindicato Manos Limpias ha decidido interponer la denuncia "que se transformará en querella una vez se proceda a la apertura de las correspondientes diligencias penales".
De igual manera, en la denuncia se explica que los hechos revelados son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y coacciones y solicitan como diligencias a practicar la comparecencia de Chicano y del consejero Otero Lastres. Además, se solicita que se aporten como prueba documental los dos informes elaborados: el que incluía las referencias a Barrabés y el que no.
El sindicato argumenta que para que sea catalogado como un delito de prevaricación administrativa los hechos se tienen que producir por una "autoridad o funcionario" que la resolución sea "contraria a derecho con desviación de poder", y que la ilegalidad sea "evidente, flagrante y clamorosa".
En cuanto a las coacciones, explican que tiene que haber una "Vis compulsiva o intimidativa", un modus operandi en el que se busque "impedir hacer lo que la ley no prohíbe o efectuar lo que no se quiera, sea justo o injusto" y que haya "intensidad" en la intimidación.
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