La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha anunciado que el órgano judicial que dirige presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que este anule la condena a su antecesor, Álvaro García Ortiz.
García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación como fiscal general por haber cometido un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, el fiscal debe pagar casi 80.000 euros de costas al damnificado, 10.000 euros en concepto de indemnización y 7.200 euros de multa, lo que suma un montante de casi 100.000 euros.
La Fiscalía General del Estado que dirige la exintegrante de la Unión Progresista de Fiscales pretende ahora elevar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido para que este Alto Tribunal contradiga al Supremo y absuelva a García Ortiz.
"Se ha interpuesto un incidente de nulidad contra la sentencia, que ha sido como todos saben desestimado y, ahora recientemente, me planteó la teniente fiscal su intención de interponer un recurso de amparo; y, por lo tanto, lo que yo he hecho es dictar un decreto designando a la teniente fiscal del Tribunal Supremo para la interposición de ese recurso", ha anunciado la fiscal general en una entrevista ofrecida este lunes por la noche al Canal 24 Horas, de RTVE.
De esta forma, según explicaba Peramato, el Ministerio Público pretende seguir en la "posición correcta", que, según ella, no es otra que la de la búsqueda de la absolución de García Ortiz. "La Fiscalía siempre mantuvo una posición absolutoria porque entendimos que los hechos no eran constitutivos de delito", explicaba la cabeza del Ministerio Fiscal.
Peramato ha recalcado que el organismo que dirige respeta la sentencia, pero asegura que "no es la primera vez" que el Ministerio Fiscal se enfrenta a resoluciones del Tribunal Supremo o de otro órgano. Algo que, según ha dicho, no pone en entredicho la labor judicial del Alto Tribunal.
Sin embargo, aunque la Fiscalía no quiere dar por cerrado el proceso judicial en el que ha sido juzgado García Ortiz, ha reconocido que ese mismo "proceso se vivió con mucha incertidumbre".