El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha negado investigar al expresidente de la comunidad Carlos Mazón por sus supuestas responsabilidades civiles por la gestión de la dana.
La juez que instruye la causa de la dana de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, presentó el pasado 24 de febrero una exposición razonada ante el alto tribunal autonómico pidiéndole que este investigase a Mazón; algo que ella no puede hacer debido a que el expresidente valenciano sigue siendo diputado autonómico y, por tanto, aforado.
La resolución de los cinco magistrados del TSJCV se argumenta principalmente en que, como ya apuntaban fuentes jurídicas a Libertad Digital que adelantaban el rechazo de los magistrados, Mazón no era el responsable de emergencias. De hecho, especifican que la Consejería de Emergencias podía actuar sin necesidad de la opinión del entonces presidente autonómico.
Así, el tribunal no aprecia en la exposición razonada de la instructora de Catarroja "un fundamento sólido y objetivo" de que los hechos descritos "revistan carácter de delito". De esta forma, llaman a la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja a diferenciar entre las responsabilidades políticas en cuanto a la reparación del daño a las vícitmas y las responsabilidades civiles, que sí podrían ser juzgadas por un tribunal.
El TSJCV sigue así el criterio de la Fiscalía, que ya remitió un informe negativo a imputar a Mazón porque, por el momento, no se cuenta con datos o indicios suficientes que amparen su imputación. Algo que contradice el escrito formulado por la juez de Catarroja.
Sobre este último, fuentes jurídicas aseguraban a este diario que la posible imputación de Mazón estaba en el aire porque la instructora no argumentaba en su exposición razonada qué inacción concreta del expresidente valenciano pudo agravar la magnitud de la tragedia y el número de víctimas.
Se inadmite la querella contra la juez
Asimismo, el TSJCV ha dictado otro auto este lunes en el que inadmite la querella presentada contra la magistrada Ruiz Tobarra en la que se pedía que se le imputase por haber permitido supuestamente que su marido participase en la instrucción del caso llegando incluso a interrogar a varios testigos.
El abogado Rubén Gisbert, que representa a ocho familias afectadas por la Dana, interpuso esta querella asegurando que la magistrada instructora podría ser juzgada por haber cometido un supuesto delito de prevaricación, otro de revelación de secretos y un último de usurpación de funciones públicas en la figura de su marido. Al igual que en el anterior caso, la Fiscalía había informado negativamente a investigar a la magistrada.