La tensión entre el Ministerio del Interior y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil ha estallado este miércoles tras conocerse que el departamento de Fernando Grande-Marlaska está trabajando en un decreto que beneficiará exclusivamente a los agentes de la Policía Nacional. Las siete asociaciones con representación en el Consejo del Instituto Armado han dado un portazo a la directora general del cuerpo, Mercedes González, y han abandonado el órgano interno.
El detonante ha sido el proyecto normativo que introduce coeficientes reductores en la edad de jubilación para los agentes de la Policía Nacional integrados en el Régimen General de la Seguridad Social. Esta medida, considerada en la práctica como el reconocimiento de profesión de riesgo que tanto policías como guardias civiles llevan reivindicando desde hace años, deja fuera a los segundos, lo que ha provocado un profundo malestar dentro del Instituto Armado.
La decisión de empezar a trabajar en este decreto no ha sido del Ministerio del Interior de motu proprio, sino que viene impuesto por una sentencia 596/2025 del Tribunal Supremo que obliga a la Administración General del Estado a regular la jubilación anticipada a los policías nacionales en igualdad con otros cuerpos policiales mediante un reglamento, después de una dura batalla en los tribunales del sindicato policial JUPOL.
El núcleo del conflicto ahora es económico y profesional. La aplicación de coeficientes reductores permite adelantar la edad de jubilación sin penalización, lo que tiene un impacto directo en la calidad de vida de los agentes. Quedar fuera de este mecanismo implica mantener condiciones más duras durante más años, una situación que las asociaciones consideran inasumible y que, según advierten, acrecienta el agravio comparativo con otros cuerpos policiales.
Desde Interior defienden que la medida responde al encaje jurídico específico de cada cuerpo dentro del sistema. La Policía Nacional está plenamente integrada en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que la Guardia Civil mantiene una naturaleza de carácter militar que exige un tratamiento normativo distinto. Esta diferencia, sostienen, impide aplicar automáticamente el mismo modelo sin una reforma más profunda.
Las asociaciones rechazan de plano esta explicación y consideran que el Gobierno utiliza un tecnicismo para evitar asumir el coste de su equiparación. Han reclamado la convocatoria urgente de una mesa de diálogo con la Secretaría de Estado de Seguridad y han advertido de que mantendrán el pulso hasta el final. El conflicto queda así abierto, con un enfrentamiento directo que amenaza con intensificarse en las próximas semanas si Interior no cambia de posición.