Marlaska "desatiende" a los funcionarios de prisiones: en 2025 se produjeron 529 agresiones

El sindicato de prisiones UGT-Acaip ha contabilizado los datos de las agresiones que los presos han realizado a los funcionarios durante el año 2025: un total de 529. Lo que supone, según el sindicato, que se está "desatendiendo" a los funcionarios por parte del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska.

Según ha destacado el sindicato mayoritario de prisiones en un comunicado, durante el año 2025 se registraron 529 agresiones a trabajadores penitenciarios, una cifra que confirma una tendencia al alza sostenida en los últimos años y que evidencia la insuficiencia de las medidas actuales de prevención y protección. Estas medidas dependen del Ministerio del Interior.

Estas agresiones, subrayan desde el sindicato, lejos de ser hechos aislados, forman parte de la realidad cotidiana en los centros penitenciarios y "afectan gravemente a la integridad física de los profesionales". "Trabajamos en uno de los entornos más conflictivos de la Administración Pública. A pesar de nuestras reiteradas denuncias, siguen sin resolverse problemas estructurales como la falta de adaptación de las plantillas a las circunstancias y complejidad actual del trabajo penitenciario, la carencia de medios coercitivos adecuados y una formación claramente insuficiente para afrontar situaciones de riesgo", recalca la nota.

Algunas de estas situaciones de riesgo afectan a la salud psicológica de los funcionarios; un campo completamente olvidado por la Administración. Por ello, el sindicato recalca la "necesidad urgente" de impulsar campañas centradas en evaluaciones rigurosas de los riesgos psicosociales en todos los puestos de trabajo; programas de detección precoz y seguimiento de la salud mental; medidas preventivas adaptadas a la realidad del entorno penitenciario; y en la atención psicológica especializada en caso de agresión.

"Asimismo, consideramos necesaria la implicación activa de todos los trabajadores en los estudios y evaluaciones que se lleven a cabo. Esta participación es clave para obtener datos reales y evitar que la Administración pueda escudarse en la falta de información o colaboración para no adoptar medidas", sentencian desde Acaip.