El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado un paso adelante en su nueva ordenanza de convivencia que obligará a las personas que accedan a edificios y equipamientos municipales a mostrar el rostro o identificarse previamente ante la Policía Local. La medida afecta a prendas que cubren completamente la cara, como burkas o niqabs, pero también a cascos, pasamontañas u otros elementos que impidan el reconocimiento visual en espacios públicos.
La normativa, impulsada por el Gobierno municipal de Natalia Chueca y apoyada por PP y Vox, se presenta como una medida orientada a reforzar la seguridad, la convivencia y el control de accesos en instalaciones municipales. El consistorio defiende que no se trata de una medida discriminatoria, sino de una norma de identificación básica en espacios públicos, especialmente en dependencias oficiales.
Identificación obligatoria en edificios municipales
La ordenanza establece que cualquier persona que acceda a un espacio municipal deberá poder ser identificada visualmente en el momento de la entrada. En caso de llevar el rostro cubierto, será necesario mostrarlo previamente ante la Policía Local para poder acceder a instalaciones como el Ayuntamiento o dependencias administrativas.
El objetivo, según el consistorio, es evitar situaciones en las que no sea posible verificar la identidad de los usuarios por motivos de seguridad. La medida afecta de forma directa a prendas como burkas o niqabs, aunque también incluye cualquier elemento que oculte el rostro por completo, sin distinción de origen o motivación.
Desde el Ayuntamiento se insiste en que la norma se aplicará bajo criterios de proporcionalidad y respeto a la legalidad vigente, aunque el debate político y social ya se ha instalado en la ciudad por el alcance de la medida y su impacto en determinados colectivos.
Seguridad y convivencia como argumento central
El Gobierno municipal enmarca esta decisión dentro de una ordenanza más amplia de convivencia ciudadana que busca, según defienden, garantizar el uso ordenado de los espacios públicos. La alcaldesa ha subrayado que la prioridad es asegurar una ciudad "más segura, limpia y ordenada", en la que se refuercen las normas básicas de convivencia en edificios públicos.
En este contexto, la obligación de identificación se presenta como una herramienta de control que pretende evitar situaciones de anonimato en accesos a instalaciones municipales. El equipo de gobierno sostiene que la medida responde a una demanda social de mayor seguridad y control en el espacio público.
Una ordenanza más amplia con sanciones por incivismo
Más allá de la cuestión del rostro cubierto, la nueva ordenanza contempla un régimen sancionador que incluye multas de hasta 3.000 euros para actos vandálicos, grafitis, vertidos ilegales o venta ambulante sin autorización. También se incorporan sanciones de hasta 1.500 euros para conductas como el botellón o determinadas prácticas incívicas en la vía pública.
En el apartado de infracciones leves se recogen comportamientos como ensuciar la calle, no recoger excrementos de mascotas o arrojar residuos al suelo. El Ayuntamiento defiende que el conjunto de la normativa busca reforzar la convivencia y responder a una demanda ciudadana mayoritaria de endurecer las normas de civismo. La ordenanza inicia ahora su tramitación definitiva y, si no hay cambios en el proceso político, podría entrar en vigor en los próximos meses en Zaragoza.