Esta semana, el divulgador económico Jon González ha cerrado su cuenta en «X» (antes Twitter) después de una aberrante cacería laboral y personal por parte de la izquierda, lo cual debería preocupar a cualquiera que siga creyendo en la libertad de expresión. No estamos hablando de un debate intelectual, ni de una discusión económica, ni siquiera de una confrontación política áspera —algo perfectamente legítimo en democracia—, sino de otra cosa mucho más peligrosa: la construcción deliberada de mecanismos de intimidación para exiliar del espacio público a quien se atreva a discrepar.
Todo comenzó cuando Yago Álvarez, activista de la izquierda española, hizo público que González trabajaba en una conocida entidad financiera, afirmando que llevaba años alertando sobre la insostenibilidad de las pensiones por interés propio, al supuestamente convenirle a la banca que las pensiones sean privadas para obtener una mayor rentabilidad. Lo cierto es que Jon había defendido un sistema público nocional parecido al sueco, pero eso no le salvó de la pira pública.
Centenares de «trolls» comenzaron a escribir a dicha entidad presionando para que lo despidieran, a la par que en las redes sociales salían a colación toda clase de datos privados. El trágico desenlace ya lo conocemos: una cuenta con decenas de miles de seguidores y amplía difusión pública que llevaba años haciendo pedagogía sobre el apocalipsis contable que se nos avecina echó el cierre y la izquierda consiguió su objetivo.
Lo más llamativo es que quien inició la persecución es quien más debería callar. Yago Álvarez trabaja para El Salto, donde figura como «coordinador de Economía», y las propias cuentas del medio reflejan que ingresó más de 103.000 euros en «proyectos y subvenciones» en 2024, tras haber rondado los 113.000 euros en 2023. Por otra parte, aunque el periódico no ha publicado aún sus cuentas de 2025, he podido localizar al menos otros 28.000 euros financiación pública, incluyendo ayudas del Ministerio de Trabajo y publicidad institucional de la Diputación de La Coruña.
Es decir, hablamos de un ecosistema mediático profundamente subvencionado cuyos integrantes dedican parte de su actividad a perseguir profesionalmente a los analistas independientes que trabajan en la empresa privada y que no son capaces de resistir sus cacerías mediáticas. En este sentido, yo mismo sufrí en mis carnes algo parecido, y les garantizo que no es fácil continuar siendo visible tras padecer algo así.
Lo más revelador es que, una vez desaparece quien puede responderles, muchos de estos perfiles pasan inmediatamente a reescribir el relato. Ha ocurrido estos días, donde han surgido como champiñones analistas económicos de la izquierda, ávidos de corregir los gráficos de González ahora que este no podía corregirles.
Un ejemplo especialmente grotesco fue el intento de Pedro Torrijos, célebre periodista «progresista», de presentar como «engañoso» un gráfico donde Jon comparaba el gasto en pensiones con otros gastos que mucha gente consideraba «superfluos» tales como el presupuesto en defensa, igualdad, el coste de la Iglesia o el sueldo de los políticos. La idea era simple: recortar en estas partidas no resolvería ni una pequeña parte del problema. Por el contrario, Torrijos lo acusó de manipular por no comparar las pensiones con todo el resto del gasto público, cuando ni era el objetivo del autor ni venía a cuento en ese debate. Así es como se las gastan: cuando no puedes defenderte, es cuanto más te atacan.
Y esto no es una anécdota, sino un método. La izquierda española ha comprendido desde hace tiempo que la batalla cultural ya no depende únicamente de las universidades, de las televisiones o de los periódicos tradicionales, sino que también pasa inexorablemente por controlar el relato en las redes sociales. El objetivo no es convencer y ganar debates, es que determinadas personas dejen de participar en ellos.
Me temo que lo que está en juego no es una cuenta en «X», ni un gráfico sobre pensiones, ni una disputa más entre divulgadores económicos. Lo que está en peligro es el modelo de sociedad que estamos construyendo cuando permitimos que activistas regados con dinero público puedan organizar campañas de hostigamiento contra particulares mientras se presentan a sí mismos como defensores de la democracia.
Y cuando una sociedad acepta que pensar distinto te puede costar el trabajo, la tranquilidad o la reputación, la libertad de opinión deja de ser un derecho para convertirse en una prueba de resistencia. Esta es la verdadera victoria de los censores: no se trata de ganar el debate, sino de hacer que debatir salga demasiado caro.