La carcoma pedagógica

Termina el curso y cada vez más los profesores cierran las actas con la sensación de haber firmado algo falso. Las calificaciones no reflejan el aprendizaje real de los alumnos, sino que reflejan la paz social de un país que debate con solemne urgencia sobre inteligencia artificial, mientras una plaga silenciosa, la carcoma pedagógica, devora los cimientos del sistema educativo español desde hace casi cuarenta años con la socialista LOGSE. Sin hacer mucho ruido –el profesor que osa moverse no sale en la foto– produce serrín estadístico de aspecto impecable.

Dos profesoras andaluzas lo han descrito en sendas cartas al director en El País. Una profesora de FP de Jerez constata que las familias ya no preguntan qué necesita aprender su hijo, sino por qué no tiene la nota que esperaban. Otra profesora en Almería revela que ha visto a compañeros aprobar a estudiantes sólo para evitar el calvario de las reclamaciones. El docente, escribe, "pasa de evaluar a ser evaluado". Ambas firman, en realidad, el diagnóstico del profesor que ha perdido la autoridad epistémica que es condición de posibilidad de cualquier acto educativo. Sin esa autoridad no hay enseñanza, solo negociación con familias irresponsables y claudicación ante alumnos analfabetos y una administración educativa a la que solo importa jugar a la estadística falaz.

La pregunta que debemos hacernos es quién se está beneficiando de este desguace del sistema educativo que deja los edificios en pie mientras expulsa a los profesores de verdad. Pues se benefician los políticos que convierten las tasas de aprobados en indicadores de gestión, los pedagogos que han hecho de la jerga "competencial" y "criterial" un gremio con presupuesto propio, las familias que prefieren un diploma a una educación, y el nuevo arquetipo docente que se quiere que sustituya al profesor: el profe, ese híbrido disminuido de colega, terapeuta y animador sociocultural que sonríe, acompaña, motiva, incluye y, sobre todo, no suspende.

No es casual que en Andalucía no se hayan convocado plazas de catedrático de instituto en treinta años. No es desidia administrativa, sino un programa político. La figura del catedrático encarna un modelo de excelencia disciplinar e independencia de criterio que resulta incómodo en un sistema cuyo objetivo implícito es el igualitarismo hacia abajo. Se prefiere la horizontalidad del aprobado para todos, para lo que no se necesita un profesor sino un dependiente al servicio de los clientes, a la verticalidad del especialista que sabe más que sus alumnos y no se disculpa por ello porque trata de que sus alumnos, los que puedan y quieran, se suban a los hombros de gigantes tipo Sócrates o Newton. El resultado es la infantilización del sistema con profesores de bachillerato tratados como si fueran pastores de un rebaño al que hay que domesticar y lavar el cerebro.

¿Hasta dónde llegará la devaluación? La trayectoria seguirá hasta que el cien por cien del "alumnado" obtenga un diez. Entonces el sistema habrá alcanzado su perfección formal con todos aprobados, nadie educado, estadísticas relucientes, ignorancia a salvo y servilismo premiado. Bienvenidos a un mundo feliz de profes que no saben, alumnos que no aprenden y familias contentas con un título que no sirve para nada.

Frente a esta debacle, hace falta una revolución pedagógica conservadora para que el progreso sea auténtico. El modelo es sencillo. La clase magistral –el profesor que sabe, expone, ordena, jerarquiza el conocimiento– combinada con el diálogo socrático –la pregunta que obliga a pensar, que no busca la respuesta correcta sino el razonamiento honesto–. No hay innovación tecnológica ni renovación pedagógica que mejore ese formato que inventaron Platón y Aristóteles. La atención del alumno no se gana legítimamente con pantallas y gamificación, sino con la presencia de alguien que domina su materia y tiene algo que decir. Un profesor que sabe hablar de lo que sabe es la herramienta pedagógica más disruptiva que existe.

La evaluación, en consecuencia, debe ser tan rigurosa como sencilla. No la selva de rúbricas, estándares, indicadores de logro y descriptores operativos que nadie entiende –no porque sea difícil, sino porque es absurda–. Tres criterios bastan: orden, contenido y originalidad. ¿Está bien estructurado? ¿Demuestra que ha aprendido algo? ¿Hay un pensamiento propio o es repetición mecánica? Esos tres criterios permiten evaluar una redacción, un examen oral, un trabajo de investigación o una demostración práctica en un taller de FP.

Pero nada de esto es posible mientras el profesor no recupere su dignidad institucional. Y la dignidad no se recupera con campañas de sensibilización ni con jornadas de convivencia. Se recupera devolviendo al docente la última palabra sobre el aprendizaje de sus alumnos. La autoridad del profesor no es un privilegio corporativo, sino la condición estructural sin la cual el sistema educativo es una ficción tan tóxica como peligrosa y costosa.

El problema de fondo es que hemos construido un sistema que teme al conocimiento porque el conocimiento establece diferencias. Y un sistema que teme las diferencias no puede enseñar. Puede entretener, contener, certificar. Pero no puede enseñar. Y mientras nos congratulamos de las tasas de aprobados más altas de la historia estamos formando, como revela con angustia la profesora almeriense, a los profesionales más frágiles e incompetentes que este país ha producido.

La solución no exige más dinero, sino que los profesores vuelvan a ser profesores. Que sepan. Que exijan. Que suspendan cuando corresponda. Que su firma al pie de un acta valga algo. Eso es todo. Pero en la España pedagógica de 2026 esta propuesta es herejía.