Erre que erre. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha intentado enmendar este jueves el desaguisado de su jefe de filas, Pedro Sánchez, pero ha vuelto a meter la pata. Sobre la polémica propuesta de Pedro Sánchez de reforma del Código Penal, propuesta que ya está en vigor desde el 1 de julio, el portavoz parlamentario quiso arreglar el asunto reprendiendo al ministro Catalá:
"El ministro de Justicia no sabe ni lo que legisla. Porque si supiese lo que ha legislado se daría cuenta de que lo que planteó el PSOE y Pedro Sánchez es mucho más exigente que lo que el propio ministro ha aprobado, que se ve que no lo conoce". El problema llegó al explicar que es lo que propone "Nosotros lo que le pedimos al Código Penal que reformaremos cuando Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, es que se persiga, no sólo al corrupto y no sólo que tenga que responder con su patrimonio, sino con el patrimonio de sus allegados, de sus familiares y testaferros donde haya escondido el producto de esa corrupción".
Es decir, que el PSOE pretende reformar el Código Penal para que se quede como ya está. Porque las palabras de Antonio Hernando quedaron ya recogidas en la reforma aprobada a iniciativa del PP cuando se creó una nueva figura "que es el decomiso ampliado, el decomiso de terceros, el decomiso incluso sin sentencia", en palabras del propio ministro de Justicia, Rafael Catalá.
La polémica metedura de pata
El secretario general del PSOE anunció el miércoles desde la Asamblea de Madrid, y en calidad de "próximo presidente del Gobierno" una reforma del Código Penal que "asumo ante todos los españoles". El problema es que su reforma ya existe y está en vigor desde el pasado 1 de julio, según explicó posteriormente el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
El nuevo Código Penal, aprobado con el voto en contra del PSOE, permite actuar contra el patrimonio de los allegados (familiares y testaferros) de los acusados por corrupción en quienes los corruptos pudieran haber escondido el incremento patrimonial derivado del delito. Un extremo que parecía desconocer el líder del PSOE que anunció esta misma propuesta con el objetivo de que "en la España conmigo al frente del Gobierno, quien la hace la pague y lo pague".
La crítica del titular de Justicia, Rafael Catalá, por desconocer lo que el propio Sánchez vota, y además en contra, fue contundente: "Eso está en el Código Penal, ha entrado en vigor el día 1 de julio y lo ha promovido el Gobierno sin que ha obtenido el apoyo del PSOE y por lo tanto es bastante sorprendente y no sé si es fruto de la falta de conocimiento en la materia".
Pasaron pocos minutos hasta que reaccionó la dirección federal del PSOE que explicaron a LD que "el ministro sabe que miente. El PSOE sabe perfectamente lo que dice el código penal y sabemos que la reforma incluye el decomiso, pero no se trata de eso". Se trata, según fuentes de Ferraz, "de articular una fórmula mucho más concreta que evite la práctica de la responsabilidad poniendo el patrimonio a nombre de terceros... también de facilitar la acción de la justicia para investigar esas situaciones e impedir la ocultación patrimonial".
En otras palabras, exactamente lo que está en vigor desde el 1 de julio con la reforma del código penal. Casi cinco horas después, al filo de las 20:00 horas y tras darse cuenta del error, la dirección del PSOE volvió a explicar a través de fuentes socialista su versión sobre "la polémica que ha intentado hacer Catalá". "Nuestra propuesta es mucho más ambiciosa que la del Gobierno que, a nuestro juicio, es insuficiente".
- Porque se propone que el condenado por corrupción haga frente a sus responsabilidades "no sólo con los bienes patrimoniales derivados del delito sino con todos sus bienes presentes y futuros".
- Segundo, porque estarán obligados a hacer frente a esa responsabilidad también los familiares y allegados cuando haya indicios de un incremento patrimonial desproporcionado respecto a los ingresos ilegales".
- Y tercero y más importante, "a diferencia de la reforma del Gobierno, la propuesta del PSOE vincula el decomiso, no sólo a algunos supuestos delictivos, sino también a otras manifestaciones de corrupción como, por ejemplo, la prevaricación administrativa y la apropiación indebida vinculada al ejercicio de un cargo público.
Por poner un ejemplo, se le exigiría a Manuel Chaves devolver con su patrimonio la cantidad atribuida al delito de prevaricación del que le acusa el Supremo... O no.