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Moncloa espera que el Constitucional baste para "proteger" a los funcionarios en Cataluña

Santamaría acusa a Puigdemont de utilizar “como escudo” a los funcionarios. El Gobierno suma a Colau a la lista de presionados por Puigdemont. 

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Moncloa espera que el Constitucional baste para "proteger" a los funcionarios en Cataluña
Santamaría, protagonista de la reunión del GPP, con Maillo y Hernando | EFE

El Tribunal Constitucional como solución de todos los males. El Gobierno acusó a Carles Puigdemont de utilizar "como escudo" a funcionarios e interventores para "llevar a cabo decisiones que son ilegales" y prometió impedirlo. "Nosotros estamos para amparar al conjunto de empleados públicos en Cataluña", garantizó Soraya Sáenz de Santamaría, que un día más fijó la posición del Ejecutivo. La vía para conseguirlo, según fuentes de la Moncloa, pasará por el alto tribunal: "Una vez paralice la ley de referéndum, cosa que será inmediata, sus órdenes a los funcionarios no tendrán ninguna validez", expusieron.

Ante el Grupo Popular en el Congreso, la vicepresidenta centró su discurso en las presiones del Gobierno catalán al cuerpo de empleados públicos. Tras alertar de que pretende endosar a los alcaldes y concejales la responsabilidad de organizar el referéndum rupturista, lamentó que ahora, cuando el Tribunal de Cuentas está reclamando que paguen de su bolsillo lo que se gastaron el 9N, eche la culpa a los interventores. Y exigió a Puigdemont: "No sometan a los empleados públicos, a los funcionarios de la Generalitat o a los empleados de los ayuntamientos a ningún tipo de tensión ni a tomar alguna decisión que pueda suponerles cualquier intranquilidad".

"Las presiones a los funcionarios ya son la tónica", se quejó Santamaría. Una situación que, avisó, será revertida por el Ejecutivo. "Para no asumir la responsabilidad de sus propios actos le echan la culpa a los interventores y, desde el Gobierno, estamos para ampararles", fueron sus palabras. "Los independentistas cada vez están más solos, cada vez tienen más miedo de asumir su propia responsabilidad, y no siendo capaces de asumir la responsabilidad la responsabilidad en un proceso ilegal, por lo menos que dejen de presionar para que otros lo asuman por ellos", remató ante los diputados del PP, que no hicieron uso del turno de réplica para comentar este u otro asunto.

Hecha la advertencia, la número dos del Ejecutivo se olvidó una vez más de explicar qué herramientas utilizará el Ejecutivo, en este caso para proteger a los funcionarios. Si bien, fuentes consultadas por este diario precisaron que esperan que todo quede resuelto con la actuación del Tribunal Constitucional. "Los funcionarios tienen muy claro lo que tienen que hacer", zanjó Juan Ignacio Zoido, en charla informal con periodistas en la Cámara Baja. El lunes, la vicepresidenta rechazó una "sobrerreacción" del Gobierno ante el pulso separatista. "No habrá referéndum", reiteró este martes, sin mentar en ningún momento el artículo 155 de la Constitución.

En paralelo, y sin dejar de lado a los funcionarios, la vicepresidenta se revolvió ante el anuncio de Ada Colau de que facilitará la celebración de la consulta del 1 de octubre. "Las facilidades no pueden convertirse en dificultades para los funcionarios", zanjó. "Sabe perfectamente que el referéndum es ilegal" y que, por tanto, no lo puede apoyar por "muchas presiones de unos y otros que reciba", se sumó Fernando Martínez-Maillo, que protagonizó este martes un desayuno informativo. "Antes, Podemos y En Común veían desde la distancia las presiones pero ahora ellos están sintiendo esa presión de los independentistas desde las instituciones", remataron fuentes gubernamentales.

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