El Gobierno dio prácticamente por desarticulada la logística del golpe separatista con las últimas actuaciones de la Guardia Civil en Cataluña. "Estaban avisados", destacó Mariano Rajoy en los pasillos del Congreso, con la operación de la benemérita en macha. "Lógicamente el Estado tiene que reaccionar", se justificó. Para no perder la unidad de las formaciones constitucionalistas, más aún tras la fractura en la votación sobre la proposición no de ley de Ciudadanos, se reunió por separado con Pedro Sánchez y Albert Rivera en Moncloa.
Cuando el presidente entró a las 9 de la mañana en la Cámara Baja para participar en la sesión de control, las fuerzas de seguridad ya estaban actuando en las consejerías del Gobierno catalán. Rajoy fue taxativo tanto en el hemiciclo como, después, en una breve declaración ante los periodistas. "El Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, cumpliendo con su obligación, y lo hará hasta el final", destacó ante las críticas de ERC. "Exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas", le espetó Gabriel Rufián. "Estamos actuando con proporcionalidad" a tenor de "las cosas que estamos viendo", insistió el jefe del Gobierno.
"La respuesta no puede ser otra que la tomada", se reivindicó una vez más, y partió rumbo a la Moncloa. Sus interlocutores del PSOE y Ciudadanos fueron convocados la jornada anterior, por lo que ya estaban al tanto de los acontecimientos que iban a producirse. Primero recibió a Sánchez y, después, a Rivera. La posibilidad de un encuentro a tres siempre ha sido rechazada por los socialistas. Concluidos los encuentros, ambos partidos confirmaron su apoyo al Gobierno. "El PSOE tiene un profundo sentido de Estado", apostilló Margarita Robles, la portavoz socialista.
Rápidamente, el Ejecutivo quiso vender que Rajoy está "satisfecho" porque "la unidad en defensa de la Constitución" se mantiene. "No nos podemos permitir entrar en los líos del PSOE. La situación podría empeorar y tenemos que seguir todos juntos", en palabras de un miembro del equipo del presidente. Una vez más, Pablo Iglesias quedó excluido de esa interlocución, que continuará en los próximos días.
En Moncloa estuvieron muy pendientes del desarrollo de los acontecimientos en Barcelona. Con los independentistas ya en la calle, Íñigo Méndez de Vigo convocó a los medios de comunicación en el Escrito del Congreso para hacer una declaración institucional. "Lo que no es democracia es desobedecer las leyes y buscar en manifestaciones callejeras una legitimidad que no tiene", avisó a Carles Puigdemont. El PP le ayudó en lanzar el mensaje: "La calle es una cosa y la democracia en otra", trasladó la dirección nacional. "El Estado de derecho es mucho más fuerte que los que deciden situarse al margen de la ley", en palabras de Rafael Hernando.
La mayor preocupación del Ejecutivo es que la tensión en las calles vaya a más y se pueda producir algún capítulo violento. "La Guardia Civil tiene la orden de no entrar en ninguna provocación, en mantener la calma", en palabras de un ministro clave en la estrategia gubernamental. Cargos del PP y Ciudadanos en la comunidad han visto aumentada su seguridad, según las fuentes consultadas. "No lleven a Cataluña a situaciones que no merece vivir por su desobediencia y desacatos", transmitió Soraya Sáenz de Santamaría a los miembros del Ejecutivo catalán. Y les emplazó a que regresen a los cauces "que permiten discutir y discrepar absolutamente de todo".
En este sentido, tanto Rajoy como la vicepresidenta no pararon de solicitar una rectificación a Puigdemont. Si bien, en privado, el propio presidente admite que es impensable que su interlocutor catalán vaya a echar el freno antes del 1 de octubre. Después, los cálculos de Moncloa pasan por elecciones anticipadas en la región y, en caso de que el Ejecutivo catalán se resista, fuentes de Ciudadanos no descartaron la aplicación total del artículo 155 para forzar la celebración de los comicios, lo que es potestad exclusiva del líder autonómico.