El 26 de octubre de 2017 fue una de las fechas sustanciales en la Cataluña del golpe de Estado. Faltaba un día para que los grupos separatistas aprobaran en el Parlament su declaración de independencia. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras no salieron al balcón de la Generalidad. Prefirieron parapetarse en una especie de responsabilidad compartida con los diputados de sus grupos. Todos a una. 24 horas antes, un grupo de Mossos d'Esquadra mantuvo un áspero y peligroso enfrentamiento con efectivos de la Policía Nacional a las puertas de una incineradora industrial próxima a Barcelona.
Los agentes de la policía autonómica pretendían deshacerse de 36 cajas con más de treinta mil documentos en los que se daba cuenta del seguimiento y las escuchas a políticos y personalidades del "unionismo", que es el término con el que separatismo despacha a todos los contrarios a la independencia de Cataluña. Interceptados por la Policía Nacional, los mossos se negaron de entrada a entregar la documentación. Hubo palabras mayores, gritos, insultos y hasta se desenfundaron pistolas. Hubo que pedir a la magistrada Carmen Lamela una orden judicial para que los mossos accedieran a la requisa de las cajas. El trámite duró dos horas.
En el informe elaborado por la Brigada de Información de la Policía Nacional en Barcelona se afirmaba textualmente que la dirección de los Mossos "puso en marcha una serie de acciones con miembros de ese cuerpo para realizar tareas de vigilancias, seguimientos, así como grabaciones de conversaciones y toma de fotografías, de personas del ámbito político, periodístico, empresarial y social, que pudieran ser una amenaza para el proceso soberanista que estaba poniendo en marcha la Generalidad de Cataluña".
Filtraciones y topos
La sorpresa de los mossos que iban a destruir un material tan comprometedor fue mayúscula. El incidente trascendió meses después, en marzo de 2018. Según algunos medios independentistas, se produjo una filtración desde la consejería de Interior. Otros señalaban a supuestos topos de la Policía Nacional dentro de los propios Mossos. De la misma forma que se presumía de una "inteligencia" independentista de hierro que había permitido la "operación urnas" con la implicación estelar de la división más selecta de los Mossos, los "mortadelos", agentes de la Unidad Central de Recursos Operativos, también se hablaba de infiltrados y de agujeros en el cuerpo autonómico.
El material que los Mossos querían destruir afectaba a toda clase de perfiles, desde políticos como Albert Rivera, Alberto Fernández o Carlos Carrizosa, a abogados como José María Fuster Fabra o cargos de entidades cívicas como Josep Ramon Bosch o Mariano Gomà, que presidieron Sociedad Civil Catalana (SCC). También había periodistas de El Confidencial o un exutillero del RCD Espanyol que participaba en manifestaciones contrarias a la intentona separatista y lucía un tatuaje con el símbolo de la Legión porque había prestado el servicio militar en un tercio.
Entre los papeles que querían destruir los Mossos había un par de copias de correos electrónicos que cifraban en 161.101 euros el pellizco en fondos reservados destinado a menesteres de esa naturaleza en 2015, tras hacerse evidente que el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014 no había tenido consecuencias penales.
Los "mortadelos" llegaron al extremo de elaborar un exhaustivo informe sobre los asistentes a una boda en Madrid de un familiar del letrado Fuster Fabra, especializado en la defensa de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluidos los Mossos. Por ejemplo, fue el abogado del agente que le dijo a un bombero autonómico aquello de que "la república no existe, imbécil" y que fue llevado a juicio por la propia Generalidad.
A pesar de que el material incautado por la Policía Nacional mostraba a las claras que tales agentes de los Mossos no tenían nada que envidiar a Putin o la Stasi, el titular del juzgado número 22 de Barcelona consideró que habían actuado conforme a la legalidad. En el auto de archivo se decía que los informes sobre el primer presidente de Sociedad Civil Catalana, José Ramón Bosch, el abogado José María Fuster Fabra o el secretario del Sindicato Policial de Cataluña, David José, su hijo de quince años o su exesposa, entre otros, tenían como objetivo prevenir delitos" en un momento de "especial vulnerabilidad social", en alusión a los meses y semanas previos al referéndum ilegal del 1-O. Si es por afectados, los 65 espiados que esgrime el separatismo son una cantidad ridícula en relación con las personas que reclamaron la atención y consecuente vigilancia de los Mossos.
Merodeadores de patios
El capotazo del juez se basaba en que en los documentos incautados por la Policía Nacional no se especificaba que semejante caudal de información hubiera sido obtenido sin autorización judicial y mediante métodos ilegales. En su descargo, la Generalidad adujo que espiaba a aquellas porque podían "devenir autores o partícipes en incidentes con afectación del orden público o devenir víctimas de estos incidentes", argumento que le sirvió al juez para archivar el caso.
Políticas como Macarena Olona o Inés Arrimadas han recordado al hilo de la denuncia separatista bautizada como "caso Pegasus" otros casos de espionaje relacionados con el separatismo. La presidenta de Ciudadanos citó que voluntarios de la Plataforma per la Llengua elaboraron un informe sobre el idioma que utilizaban los niños en los patios de las escuelas basados en testimonios y apreciaciones de merodeadores de escuelas con vocación de comisarios políticos. Los docentes no eran los únicos informantes.
Otro de los grandes capítulos del nexo entre separatismo y espionaje fueron las declaraciones en un acto de Òmniun Cultural de Santiago Vidal, un juez ya retirado que elaboró una carta magna de la república catalana por encargo de la Generalidad y que aseguró que la administración autonómica había "robado" los datos fiscales de todos los habitantes de Cataluña con el propósito de garantizar el éxito de la intentona golpista.
"La Generalidad tiene todos vuestros datos"
"La Generalidad tiene todos vuestros datos fiscales. Eso es ilegal porque están protegidos por la ley de protección de datos del Gobierno español, pero como no somos tontos porque ya sabemos que no nos los facilitarían de manera voluntaria, los hemos conseguido de manera absolutamente ilegal. Tenemos todos vuestros datos tributarios. Todos estáis fichados, todos. En el nuevo Estado no se escapará nadie. A cambio, os damos nuestra palabra de honor de que sabréis a dónde va cada euro", manifestó ante decenas de personas Vidal, que en aquel momento había hecho un paréntesis en su carrera judicial para ser senador de ERC.
Al respecto, Vidal afirmó: "De los 801 jueces españoles en Cataluña sabemos perfectamente quiénes comparten nuestros ideales, sabemos quiénes se quedarán y quiénes se irán. Tenemos perfectamente diseñada la estructura judicial de la república. Hemos hecho un trabajo de campo, sabemos exactamente con nombres y apellidos quienes de los 801 jueces se quedarán y quienes se marcharán".
Una grabación con esas palabras llegó a la redacción de El País en Cataluña y su publicación dio pie a una imputación contra Vidal que no impidió que años después, en mayo de 2019 reingresara en la judicatura. De sus declaraciones se infiere que la personas espiadas en Cataluña no fueron 65, sino toda la población, incluidos sus 801 jueces.
El nacionalismo catalán está obsesionado con los servicios de inteligencia. Sus principales dirigentes son especialmente sensibles a las historias de espías. Germà Gordó, quien fuera gerente de Convergència, mano derecha de Artur Mas y consejero de Justicia de la Generalidad catalana dio instrucciones en sus tiempos como cargo público para que fueran incautados los teléfonos móviles de las personas con las que se reunía mientras estuviera con ellos. Al parecer, creía que el "enemigo" disponía de las mismas tecnologías que los Mossos.
El Mossad catalán
En 2016, Albert Rivera era el jefe de la oposición en el parlamento de Cataluña y en condición de tal censuró la creación de un servicio secreto separatista a cargo de los fondos públicos de la Generalidad llamado Cesicat. Se definió como una agencia de ciberseguridad y espionaje aprobada por la cámara catalana en octubre de 2016, un año antes de la proclamación de independencia. En los locos años del proceso separatista que la Generalidad montara una especie de KGB casi no era noticia. Inspirada en el Mossad, el servicio secreto israelí, dicha agencia era una "estructura de Estado" clave para el éxito del golpe. Las autoridades autonómicas de Cataluña habían preguntado a la policía autonómica vasca sobre la manera de contactar con el servicio secreto de Israel porque estaban al cabo de las relaciones entre la Ertzaintza y el Mossad.
El fracaso de esas gestiones se antoja, al menos por el momento, evidente. Sin embargo, el separatismo catalán insiste en las historias de espías y trata ahora de presentarse como una víctima. Y eso a pesar de que hasta cinco minutos antes del estallido del escándalo, fuentes separatistas daban por descontado que los Mossos disponían del programa Pegasus, un virus informático que permite monitorizar el teléfono móvil de los infectados, acceder a toda la información almacenada y operar en nombre del titular del dispositivo. Se trata del mismo ingenio que aseguran que una empresa israelí habría vendido al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El Gobierno ha reaccionado a las acusaciones de la Generalidad filtrando que utilizó tal software frente a Tsunami democràtic, el aparato separatista que diseñó el asalto del Aeropuerto de El Prat y el corte de las carreteras en la frontera con Francia. En esa intervención requirió la autorización judicial de la que carecieron los Mossos para espiar a los elementos más significados del constitucionalismo en Cataluña.