El dictamen de la ley de memoria democrática impulsada por el Gobierno ha superado la Comisión Constitucional del Congreso con los votos favorables de PSOE, Podemos, Bildu, PDCAT y PNV. Los separatistas de ERC, que amenazan con votar en contra, se han abstenido tras colar varias transaccionales. Entre ellas, una que "reconoce la política de persecución y represión contra las lenguas y culturas catalana, gallega, vasca, aragonesa, occitana y asturiana perpetradas por el régimen dictatorial franquista". Ahora, la norma, tras todo el trámite legislativo, llegará el próximo jueves al Congreso de los Diputados.
Víctimas hasta 1983
Entre las novedades, la enmienda de Bildu, aceptada la semana pasada, que habla de crear una "comisión" para "reconocer y reparar" a las víctimas "de vulneración de Derechos Humanos a personas por su lucha, por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983".
En la norma se explica que dicha Comisión será nombrada por el Gobierno en el plazo de un año. Fuentes del Ejecutivo afirman que estará formada por historiadores y especialistas. Ellos serán los que determinarán si los fallecidos entre 1978 y 1983 eran "luchadores por la libertad".
Entre los ejemplos que ponen está el asesinato de la joven vasca Yolanda González en 1980 por parte de terroristas del Batallón Vasco Español pero, remitiéndose al comité de expertos, se niegan a aclarar más casos entre 1978 y 1983. Los proetarras de Bildu esperan que estén Lasa y Zabala asesinados en 1983 por los grupos parapoliciales de los GAL bajo la presidencia de Felipe González.
Reparación pero no investigación judicial
En el Gobierno insisten, en línea con lo que dijo Bolaños de que "la inercia de la dictadura duró hasta los 82", que en todos los procesos de Transición hay violaciones de Derechos Humanos y torturas a gente que buscaba consolidar esa democracia. Incluso afirman que hay un cierto consenso historiográfico en que esas vulneraciones se pudieron extender hasta entrados los 80. En el PSOE se remiten a las quejas que surgieron sobre 1982, justo cuando llega González a La Moncloa, para extenderlo un año más, a 1983.
Lo que sí establece la norma es que, a partir de 1978, sólo se limitarán a "reconocer y reparar" a las víctimas. Fuentes de Presidencia abren la puerta a indemnizaciones pero matizan que no se abrirán procesos judiciales sobre los casos posteriores a 1978 porque entienden que estos ya pudieron ser juzgados en democracia.
El caso Martín Villa
Otra cosa es lo sucedido hasta 1978, año en el que se promulga la Constitución. El artículo 28 habla de crear un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. El enunciado 29 afirma que se investigarán casos ocurridos "en la Guerra, la Dictadura, así como el periodo que va de la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución española".
Es decir, el Fiscal podrá investigar al exministro del Interior de UCD, Rodolfo Martín Villa, por cinco muertos en 1976 cuando la policía armada dispersaba una concentración en una iglesia en Vitoria. La juez argentina, María Servini, ya intentó procesarle por "delitos de lesa humanidad" pero la justicia bonaerense acabó por revocar la decisión .
En el Gobierno se remiten al Fiscal de Sala de Derechos humanos y no aclaran qué sucederá. Dado que la Constitución se votó en referéndum el 6 de diciembre de 1978, a Martín Villa se le podría perseguir también por otras actuaciones policiales como la de los Sanfermines de 1978 en la que hubo 150 heridos y otro fallecido.
Sentar a Martín Villa ante un juez es una vieja aspiración de Podemos y de Pablo Iglesias, quien en más de una ocasión se ha mostrado partidario de que "responda ante la justicia y se rompa la impunidad" del ministro de Adolfo Suárez.
Exhumar a Primo de Rivera
Hay otros aspectos que la norma se mantiene igual que salió del Consejo de Ministros, como la de "resignificar" el Valle de los Caídos, o la de exhumar a José Antonio Primo de Rivera porque no puede haber ningún cadáver en "ningún lugar preeminente". En el Gobierno no aclaran si se está hablando con la familia del fundador de la Falange.
Tras sacarlo adelante en Comisión, en La Moncloa están esperanzados en sacar esta norma adelante con la abstención de ERC. A los resultados de la comisión también se sumarán otros partidos que no están representados como Más País, Compromís o Coalición Canaria que votarán a favor. Mientras que PP, Vox y Ciudadanos ya han anunciado que el próximo jueves votarán en contra.