En el PSOE de Pedro Sánchez no han gustado las críticas de históricos socialistas sobre la Ley de Memoria Democrática pactada con Bildu y Podemos. Del "no me suena bien" de Felipe González a la "ley impresentable", según Joaquín Leguina, o las críticas de Alfonso Guerra. El exvicepresidente ha sido más contundente: "Quien piensa que la Transición acabó en 1983 es uno de los que jaleaba a los asesinos en el País Vasco".
A todos ellos, se ha dirigido el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, que les ha recomendado "leerse en su totalidad la ley y luego hacer las valoraciones oportunas". En esa línea, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que "solo desde la ignorancia o desde la voluntad de intentar manipular burdamente lo que dice la ley se pueden afirmar las cosas que se están diciendo.
El portavoz parlamentario del PSOE ha acusado a la vieja guardia del PSOE "dar continuidad al ruido, comentarios y a las consideraciones de un lado y de otro". "Leer la ley. Eso es lo que tienen que hacer", ha sentenciado desde el Congreso sobre una norma que se votará el próximo jueves en el pleno.
A Bildu
Menos contundente ha sido con la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa, que ha presumido de que la ley abre "un camino para poner en jaque el relato de la Transición". Gómez no ha querido responderle alegando que "hay declaraciones que pueden llevar a la confusión" y defendiendo que la norma "cumple con todos los requisitos desde el ámbito de la reparación o la educación". "Vamos a seguir avanzando y no vamos a entrar en esa disputa", ha sentenciado.
Sobre los apoyos de Bildu, que le ha reprochado la oposición y algunos históricos, Gómez ha lamentado que algunos "utilizan el terrorismo como arma arrojadiza" y ha prometido que su partido "siempre ha estado y estará del lado de las víctimas y familiares", pese a que votarán con Bildu la ley de Memoria justo en la semana en la que se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco
Víctimas hasta 1983
De Bildu viene la enmienda más polémica que crea una "comisión" para "reconocer y reparar" a las víctimas "de vulneración de Derechos Humanos" desde "la entrada en vigor de la Constitución de 1978 al 31 de diciembre de 1983". En la norma se explica que dicha Comisión será nombrada por el Gobierno en el plazo de un año. Fuentes del Ejecutivo afirman que estará formada por historiadores y especialistas. Ellos serán los que determinarán si los fallecidos entre 1978 y 1983 eran "luchadores por la libertad".
Lo que sí establece la norma es que, a partir de 1978, sólo se limitarán a "reconocer y reparar" a las víctimas. Fuentes de Presidencia abren la puerta a indemnizaciones pero matizan que no se abrirán procesos judiciales sobre los casos posteriores a 1978 porque entienden que estos ya pudieron ser juzgados en democracia.
Otra cosa es lo sucedido hasta 1978, año en el que se promulga la Constitución, pese a que desde 1977 ya había un Gobierno democrático. El artículo 28 habla de crear un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. El enunciado 29 afirma que se investigarán casos ocurridos "en la Guerra, la Dictadura, así como el periodo que va de la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución española". Es decir, el Fiscal podrá investigar al exministro del Interior de UCD, Rodolfo Martín Villa, por cinco muertos en 1976 cuando la policía armada dispersaba una concentración en una iglesia en Vitoria.
Sentar a Martín Villa ante un juez es una vieja aspiración de Podemos y de Pablo Iglesias, quien en más de una ocasión se ha mostrado partidario de que "responda ante la justicia y se rompa la impunidad" del ministro de Adolfo Suárez.
