El Senado acoge este martes el debate sobre la reforma exprés del Poder Judicial, por la que el Gobierno podrá renovar el Tribunal Constitucional, y la Ley del sólo sí es sí promovida por Irene Montero. Se trata de dos de las iniciativas con mayor carga ideológica que ha presentado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en lo que llevamos de legislatura.
El visto bueno de la Cámara Alta es el último trámite necesario para su entrada en vigor y se producirá en plena ebullición de los partidos de izquierda, con PSOE y Unidas Podemos en estado de convulsión, a pesar de que Pedro Sánchez vendió que la coalición de Gobierno y su mayoría Frankenstein salían reforzados tras el debate sobre el estado de la nación.
Su objetivo de marcharse de vacaciones sin sobresaltos ha tropezado con la dimisión de Adriana Lastra y las maniobras en la sombra de Pablo Iglesias. La primera presentó ayer su dimisión forzando la remodelación pospuesta de la Ejecutiva del PSOE, que algunos ya daban por descartada, y podría producirse este mismo verano o en el mes de septiembre. El segundo continúa influyendo en Unidas Podemos para poner zancadillas a su sucesora, Yolanda Díaz, en el arranque de su nuevo proyecto, Sumar.
La imagen que el presidente intenta vender, de una izquierda reagrupada en torno a su liderazgo, choca con los cadáveres políticos que tanto él como el que fuera su vicepresidente han ido dejando por el camino. El Senado, como ya ocurriera la semana pasada en el Congreso, será escenario del duro enfrentamiento que mantienen Gobierno y oposición, lo que dará una falsa sensación de unidad en el lado de la izquierda.
La derecha sigue al alza en las encuestas
Sin embargo, el resultado de las elecciones en Andalucía ha afianzado la tendencia al alza de la derecha que ya recogían las encuestas tras el resultado del 4M en Madrid. Unos números que anticipan posibles futuras derrotas de PSOE y Podemos en la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha o, incluso, Extremadura, lo que habría puesto muy nerviosos a ambos partidos.
La pérdida de apoyos explicaría también los movimientos internos de última hora y las medidas económicas improvisadas por Pedro Sánchez, durante el debate de la semana pasada, para intentar recuperar el pulso de la calle. Sin embargo, la euforia inicial entre los suyos ha dado paso a las dudas sobre el efecto real que tendrán entre los ciudadanos y el procedimiento adecuado para ponerlas en marcha.
Las dudas sobre el impacto de las medidas
Se trata, en su mayoría, de propuestas cuya viabilidad y plazo de recaudación están todavía en entredicho, como ocurre con el impuesto a las empresas energéticas y a los bancos. Lo mismo sucede con la Operación Campamento anunciada en Madrid.
El abono transporte gratuito para Cercanías o el aumento de las becas para jóvenes tienen difícil venta como muro de contención ante una inflación desbocada, con un otoño en el que se prevén posibles cortes de suministros y un encarecimiento todavía mayor de las materias primas y la cesta de la compra.
La urgencia en sacar adelante las leyes que llevaban meses bloqueadas por discrepancias con los socios pone, también, de manifiesto el nerviosismo existente en el seno del Gobierno ante la posibilidad de no poder agotar la legislatura por la falta de apoyos parlamentarios. De hecho, la reforma del poder judicial se ha tramitado en un tiempo récord ya que, lo habitual, es que una vez se aprueba en Consejo de Ministros pueden pasar varias semanas hasta su llegada al Congreso e incluso meses hasta que se debate en el Senado.
Los plazos en este caso han sido reducidos al máximo y lo que el jueves pasado aprobó el Congreso se votará mañana mismo en el Senado. Se prevé su visto bueno a la norma por la que, en el mes de septiembre, el Gobierno designará a dos magistrados del Tribunal Constitucional que deberán decidir sobre la ley del aborto, la eutanasia o la infinidad de recursos interpuestos por PP y Vox en los últimos meses.