ERC no acepta los argumentos del Tribunal Constitucional. Quiere un TC ad hoc para poder blanquear su nuevo referéndum separatista y exige a Pedro Sánchez que siga adelante con un leve cambio de estrategia. La idea puesta en la mesa por los separatistas de Oriol Junqueras tiene más impacto político para el PSOE, pero ERC insiste. El plan consiste en presentar las enmiendas que reforman el TC y permitirían su renovación como órgano controlado por los socialistas, como una proposición de ley propia, hacerlo en el muy próximo mes de enero y sorteando los informes del Consejo General del Poder Judicial y Consejo de Estado que, con esta forma, no deberían solicitarse.
Lo advirtió Félix Bolaños: "Frente a los que han decidido rebasar todos los límites", la democracia "se abrirá camino". Y lo ha confirmado el propio Pedro Sánchez: responderá "con los mecanismos" democráticos y adoptará "cuantas medidas sean necesarias" para, con "serenidad y firmeza hacer prevalecer el respeto a la Constitución y a la voluntad popular expresada libremente en las elecciones". Los eufemismos y términos demagógicos esconden unas frases desafiantes que prueban que el golpe no ha cesado. Y no lo hará porque ERC ha exigido un TC a su medida para poder blanquear el nuevo referéndum que ya prepara, como ha publicado Libertad Digital.
Las prisas de Sánchez
El nuevo plan de los separatistas pasa por un proceso más largo, más amargo para el PSOE —que sufriría un mayor desgaste político—, pero igualmente eficaz si triunfa. El fracaso del asalto diseñado para alterar la actual composición del Tribunal Constitucional se ha debido, principalmente, a que Pedro Sánchez ha pretendido sortear las exigencias formales, legales y temporales de tramitación de lo que debería haber sido una reforma de ley orgánica en puridad y con todas sus garantías, por medio de unas meras enmiendas, de forma que se evitaba una larga discusión parlamentaria y se pretendía lograr el control del TC entre un puente festivo, las Navidades y hasta un mundial de fútbol.
El Pleno del TC ha podido tumbar, por eso, y suspender, de forma urgente, la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas por las que se modificaba el sistema de elección y la llegada de los dos candidatos al propio Tribunal de Garantías que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según la argumentación expuesta por el bloque conservador del TC, publicada por Libertad Digital, "la supremacía de la Constitución debe ser preservada por el Tribunal Constitucional cuando se recurre un acto que de forma patente vulnera un derecho fundamental". La misma argumentación defendida por el presidente Pedro González-Trevijano y los magistrados Antonio Narváez, Enrique Arnaldo, Santiago Martínez Vares, Ricardo Enríquez y Concepción Espejel señala que "la Constitución vincula, o sea, obliga a todos los poderes públicos. También al Parlamento que no puede desconocer que de forma constante se ha exigido por el Tribunal Constitucional la homogeneidad de las enmiendas con la iniciativa legislativa". Por último, el Constitucional ha subrayado que "las formas son imprescindibles en la democracia".
"El Parlamento no puede desconocer los derechos de las minorías parlamentarias que también son parte de la representación del pueblo español". Por eso las mayorías son de 3/5 de cada cámara para nombrar a los magistrados y si el PSOE pudiese apartar de las votaciones a algunos de ellos, sin esas mayorías, estaría consiguiendo alterar el respeto a las minorías, plasmado en las mayorías reforzadas de 3/5.
Proposición de ley de urgencia
Pero toda esa argumentación del TC alude realmente a que Pedro Sánchez no ha tramitado correctamente la reforma para lograr el asalto al Constitucional. Y eso es justo lo que ahora le ha pedido ERC al Gobierno: que siga adelante con el golpe aunque sea con la tramitación más vistosa, más polémica, pero correcta. Porque, de ese modo, el TC tendrá aún más presión, aunque tenga toda la razón, para tumbar el plan de toma de control del garante de la Constitución.
La fórmula sería por medio de una proposición de ley, tramitada de urgencia en enero y, gracias a ese mecanismo, sin necesidad de solicitar el informe del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
ERC lo quiere y no renuncia al asalto al TC: porque necesita el blanqueamiento de su futuro referéndum separatista revestido de consulta no vinculante.