El auto de Llarena eliminando a Carlos Puigdemont el delito de sedición pilló a siete ministros en un salón de un céntrico hotel madrileño. Hasta allí habían acudido para participar en un desayuno informativo de Concha Andreu, la presidenta de la Rioja. Nada más conocerse la noticia, varios ministros que habían prometido que hablarían ante la prensa, aprovecharon el desconcierto y salieron por una puerta lateral.
Ni la vicepresidenta primera, Nadia Calviño; ni el ministro de Presidencia y artífice de la reforma del Código Penal, Félix Bolaños; ni la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, quisieron a pronunciarse.
Sólo salió la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, de la cuota del PSC a decir lo obvio: "lo que está haciendo Llarena es adaptar la tipificación de los hechos a los delitos que ahora resultan vigentes por la modificación del Código Penal". "Es lo lógico", añadía la ministra catalana.
Una de las ministras a la fuga, Isabel Rodríguez, reaparecía a las dos horas en un acto oficial en Ciempuezuelos. Allí, ya con el argumentario oficial, afirmaba que "efectivamente esos hechos que se produjeron entonces continúan teniendo un reproche penal y que todos ellos tendrán que responder ante la justicia española". Lo que se le olvidaba añadir es que el otro de los delitos que pesa sobre Puigdemont es el que ha sido rebajado: malversación.
Más incómodos se les veía dos de los jueces del Gobierno. El titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, trataba de escaparse de la prensa a la salida de un acto sobre Educación Vial. "Las resoluciones son las que deben cumplirse en sus términos". Una expresión similar que utilizaba la ministra de Justicia y también magistrada, Pilar Llop, quien afirmaba que no comentan resoluciones judiciales.