El pasado octubre se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley de Memoria Democrática. Un día después entraba en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se abría así una nueva posibilidad de que ciudadanos con raíces españolas cuyas familias abandonaron el país durante la Guerra Civil y los años posteriores a la contienda bélica pudieran acceder a la nacionalidad española.
La ley abre tres posibilidades. La primera, a "los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originalmente españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española". La segunda, a "los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978".
La tercera y última vía, para "los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (Ley de Memoria Histórica de Zapatero) por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura".