Mientras las fuerzas de seguridad alertan del récord de llegada de inmigrantes ilegales tanto a Canarias como al resto de España, el Ministerio del Interior reduce a mínimos la devolución y expulsión de los sin papeles. Así se desprende de los datos facilitados por el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, que apuntan a que hasta el pasado 30 de junio a penas se habían ejecutado 1.942 expulsiones y devoluciones, una cifra que queda muy lejos de las más de 3.500 registradas los dos últimos años o de las más de 11.000 que se contabilizaban antes de la pandemia.
A pesar del ocultismo con el que el Gobierno maneja todo este asunto, el ministro del Interior no ha tenido más remedio que responder a la solicitud de información planteada por el PP en el Congreso de los Diputados, y es ahí precisamente donde han aflorado unos datos que han encendido todas las alarmas.
Cifras de récord
Concretamente, y según la respuesta ofrecida por Marlaska, España habría devuelto a 392 inmigrantes y expulsado a 1.592 en el primer semestre del año. En total 1942 deportaciones, frente a las 3.642 de 2022 y a las 3.594 de 2021, aunque la comparación es más llamativa si cabe si nos retrotraemos a lo que sucedía antes de la pandemia: en 2019, un total 11.153 personas fueron expulsadas o devueltas, mientras que un año antes ascendieron a 11.284.
Las razones que los expertos apuntan para explicar esta caída en picado son varias y muy diversas, pero entre ellas destaca la cada vez más recurrente petición de asilo, una figura que, según advierten fuentes policiales y jurídicas, se estaría utilizando de forma "torticera" precisamente para evitar las deportaciones. No en vano, ya el pasado mes de otubre, la Fiscalía de Canarias ya alertó de la "generalización" de las peticiones de asilo entre los miles de inmigrantes que llegan al archipiélago semana tras semana, algo que estaría contribuyendo al "desbordamiento" de las islas.
Lo más preocupante, sin embargo, es que, mientras las devoluciones y expulsiones se reducen a mínimos, la llegada de inmigrantes ya ha marcado un nuevo récord en Canarias y estaría a punto de hacerlo en el conjunto de España. Hasta el pasado 15 de diciembre, el archipiélago había recibido un total de 37.187 ilegales, más del doble que el año pasado (15.466) y una cifra que bate con creces el escalofriante récord que se registró en la llamada crisis de los cayucos de 2006, cuando entraron por Canarias un total de 31.678 sin papeles.
Por lo que respecta a los datos del conjunto de España, a falta de que termine el año, Interior ha registrado un total de 52.945 entradas, un 76% más que el año anterior. de esta forma, 2023 se sitúa ya como el segundo año con más llegadas de toda la serie histórica, tan solo por detrás de 2018, cuando se contabilizaron más de 57.000.
El Gobierno oculta la nacionalidad
Se da la circunstancia de que, en estos balances, el Gobierno no facilita la nacionalidad ni de los inmigrantes que llegan ni de los que son devueltos o expulsados. Hacerlo, argumenta, podría generar "problemas" en las relaciones exteriores de España con los países afectados y dificultar en el futuro la documentación de los inmigrantes irregulares en sus respectivas embajadas y consulados, lo que "afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones".
Amparándose en este argumento, Marlaska reiteró el pasado 17 de diciembre que la clave está en la cooperación con los países de origen, pero insistió en que no son pocas precisamente las complicaciones con las que se encuentran a la hora de abordar este asunto.
Hace unos meses, España retomó, por ejemplo, los vuelos de repatriación a Senegal suspendidos desde 2018. Sin embargo, según fuentes policiales consultadas por la agencia EFE, desde entonces tan solo se ha realizado un viaje. El país está a las puertas de unas nuevas elecciones y "al actual presidente lógicamente no le interesa que sus nacionales vuelvan, porque no le van a votar", explican.
Sea como fuere, el principal perjudicado sigue siendo España, un país desbordado por la inmigración, como ya se demostró hace unos meses, cuando el Gobierno tuvo que recurrir incluso a hoteles de lujo repartidos por toda España para alojar a los miles de sin papeles que ya no caben en los centros destinados a tal fin.