No han pasado ni dos meses desde que Pedro Sánchez fue investido con los votos de Puigdemont. En el PSOE presumieron, por activa y por pasiva, que se trataba de un acuerdo de investidura y auguraban una larga duración a este ejecutivo. Ahora, 55 días después, el Gobierno puede sufrir su primera gran derrota parlamentaria.
Junts se niega a respaldar los 3 decretos que el Gobierno quiere convalidar este miércoles. Un totum revolutum que va desde subida de las pensiones, prórrogas de las medidas anticrisis, la transposición de varias directivas comunitarias o una reforma de la justicia que han despertado los recelos de Junts, por temor a que pueda retrasarse la aprobación de la amnistía. A la oposición se suma Podemos que quiere infringir el máximo daño a Yolanda Díaz, ya que la vicepresidenta segunda también lleva varias medidas.
Con sus socios enfrentados entre ellos, el Gobierno trató de buscar el respaldo del PP. Fueron varias llamadas de Bolaños y Yolanda Díaz a Cuca Gamarra y Borja Sémper pero en el Ejecutivo ya han asumido que, tras levantar un muro contra el PP durante la investidura, ahora no pueden contar con el principal partido de la oposición. "Feijóo no tiene actitud negociadora", sentencian molestos en Moncloa.
El PP, en contra
"Al Partido Popular no hay que mirar", aseguraban este martes fuentes de Génova que alertaban sobre la posibilidad de una nueva cesión de Sánchez a los separatistas. Junts ha exigido al PSOE multar a las empresas que rechacen regresar a Cataluña para cambiar de postura y apoyar los decretos del Gobierno. "¿Cederá Sánchez de nuevo?", se preguntan. "Es probable", responden desde el PP.
"Es una negociación que no va con nosotros pero no descartamos una nueva cesión", lamentan los populares que tienen claro que su postura será "no" a los tres decretos. Una negativa que ha concitado el apoyo de todos los barones populares, desde Juanma Moreno a Isabel Díaz Ayuso.
Desde Génova explican que la única variación que puede sufrir su posición en la próximas horas es en lo referente al decreto económico. Una postura que Vox aprovecha para atacar a los populares, convencidos de que "un frente institucional común, que rechace todas las medidas por sistema, tumbaría al Gobierno", dada la inestabilidad de sus socios.
El PP sólo se abriría a abstenerse si el Gobierno se comprometiera a última hora a aceptar sus propuestas para deflactar la tarifa del IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros, bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas y reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas, especialmente a las rentas más bajas. "Si no es para adquirir este compromiso, pueden ahorrarse nuevas llamadas para solicitar nuestro apoyo", sentenciaban rotundos desde el PP.
Eso sí, los de Feijóo ponen otra opción encima de la mesa. Si decaen los decretos, el Grupo Popular presentará en el Parlamento iniciativas para "salvar" aquellas medidas que ayuden a los ciudadanos en sus "necesidades y en la defensa de sus intereses". Una actitud que irritaba en Moncloa. "Tenemos que entender que el voto negativo del PP es un capricho", sentenciaba la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. El portavoz parlamentario, Patxi López, iba más allá y se preguntaba "cuándo el PP ha perdido definitivamente el norte".
Vuelta a la vía Junts
Sin el PP, el Gobierno sólo tiene una alternativa: volver a manos de Junts, aunque suponga humillarse ante los separatistas. En las últimas horas se ha elevado el optimismo entre las filas gubernamentales. "Se va a aprobar", afirman en Moncloa donde piden "prudencia" y reconocen que se está "negociando con Junts" un plan para que las empresas que huyeron del separatismo, vuelvan a Cataluña.
Puigdemont quiere que ser con sanciones pero en en el Gobierno parece inclinarse por bonificaciones u otro tipo de medidas que no sean coercitivas. De hecho, en el acuerdo entre el PSOE y Junts para investir a Sánchez ya se habla de "un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años". Lo que afectaría a grandes compañías como CaixaBank, Bimbo, Naturgy o Planeta que se "mudaron" tras la declaración de independencia de Carles Puigdemont en 2017 y no han regresado.
El lío de las votaciones
Al conflicto en las negociaciones se suma el que podría tener lugar también durante la votación de los decretos, ya que el Pleno se celebra en el Senado por las obras del Congreso. El PP pidió ayer en la Mesa de la Cámara Baja que el voto sea presencial, a mano alzada, dado que sólo hay 266 asientos para acoger a los 350 diputados. Medida que fue rechazada por la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, que aprobó la opción de voto telemático.
Según fuentes parlamentarias, la decisión molestó al PP que se ha reservado el derecho de pedir votación por llamamiento, es decir, nombrando uno a uno a todos los diputados. Ante el elevado número de decretos que se votan, además de las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la amnistía, si los de Feijóo imponen este sistema la votación podría alargarse 4 horas y prolongar el Pleno hasta altas horas de la noche, en una nueva jornada maratoniana en el Parlamento.