La reforma de la Constitución acordada por PSOE y PP para modificar el artículo 49, y sustituir el término "disminuido" por "discapacitado", está siendo utilizada por los partidos independentistas para incluir sus habituales demandas a través de enmiendas, aunque se prevé que sean todas rechazadas.
El compromiso adquirido por los dos grandes partidos para modificar la Carta Magna es rechazar todas las reclamaciones que puedan hacer los minoritarios y evitar así que aprovechen esta circunstancia para sacar tajada, como temía el partido de Alberto Núñez Feijóo.
La reforma requiere de tres quintos de ambas Cámaras para salir adelante, por lo que es imprescindibles el apoyo de PP y PSOE. Los populares exigieron que el procedimiento fuera por trámite de urgencia y lectura única, en un Pleno monográfico, precisamente para que no se abriera el melón de la reforma constitucional sobre cuestiones territoriales.
Sin embargo, PNV, Compromís y Més han anunciado que presentarán enmiendas a la reforma, que se vota el próximo jueves, para lograr más autogobierno y privilegios, de manera que al menos puedan abrir el debate sobre una reforma constitucional para lograr sus reivindicaciones y publicitarlas, aunque ninguna prospere.
Los de Aitor Esteban presentarán hasta 11 enmiendas para reconocer el llamado "derecho de autodeterminación"; eliminar el artículo 155; arrebatar a las Fuerzas Armadas su obligación de garantizar la unidad nacional; acabar con la inviolabilidad del Rey; además de una Justicia propia.
En el caso de Copromís, grupo integrado en Sumar, piden reconocer el llamado "Derecho Civil Valenciano" para hacer prevalecer la legislación valenciana en derechos civiles como, por ejemplo, los casos de divorcio. Més ha pedido cambiar la Constitución para que se le reconozca a Formentera el derecho a tener un senador más.
El plazo para registrar las enmiendas es de 48 horas. Fuentes parlamentarias aseguran que la Mesa del Congreso podrían decidir no darles siquiera trámite, para evitar que sean debatidas y votadas el jueves, provocando un conflicto entre el Gobierno y sus socios, además de con el PP. En caso de votarse, está previsto que sea de forma telemática y la reforma constitucional se haga por llamamiento, según el acuerdo adoptado por la Mesa.