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El escándalo de la Ley Trans en Ceuta que demuestra la peligrosa deriva de la norma de Irene Montero

37 policías, guardias civiles y militares han solicitado cambiar de sexo, obteniendo grandes beneficios. "El fraude es la Ley", dicen las feministas.

37 policías, guardias civiles y militares han solicitado cambiar de sexo, obteniendo grandes beneficios. "El fraude es la Ley", dicen las feministas.
La exministra de Igualdad, Irene Montero, tras la aprobación de la ley Trans | EFE

Mucho antes de que la ley Trans se aprobara definitivamente, las feministas ya advirtieron de que la polémica norma impulsada por Irene Montero dejaba la puerta totalmente abierta al fraude. Al no exigir informes médicos, ni hormonación, ni siquiera que la persona que acudía al Registro a cambiarse de sexo modifique también su nombre, temían que muchos hombres pudieran valerse de esta ley tanto para ocupar espacios reservados exclusivamente para mujeres como para beneficiarse de las distintas normas ideadas para proteger a las féminas.

Desde su aprobación en marzo de 2023, se han ido viendo casos aislados que demuestran que aprovecharse de la moda trans es posible y que es prácticamente imposible hacer algo para evitarlo. Sin embargo, las feministas consideran que lo sucedido en Ceuta es la confirmación definitiva de que estaban en lo cierto y de que Irene Montero es "la peor ministra de la historia". Según los datos publicados por la agencia Europa Press, en el último año, el Ministerio de Justicia ha tramitado en esta ciudad autónoma un total de 37 solicitudes de cambio de sexo de hombres que dicen sentirse mujeres, pero que, sin embargo, han optado por mantener su nombre masculino y su estado civil, continuando así con sus mujeres e hijos.

Los beneficios de la cabo Roberto

Lo curioso de todo este asunto que, según las fuentes judiciales citadas por la mencionada agencia, casi todos ellos son policías, guardias civiles y militares. Uno de estos últimos precisamente, la ya cabo Roberto, ha protagonizado en las últimas horas numerosas entrevistas en periódicos y televisiones, explicando su historia. Con barba y genitales masculinos, niega que su caso sea una estafa, pero no esconde la gran cantidad de beneficios que ha obtenido desde que cambió de sexo en el Registro: en el cuartel, cuenta con habitación privada y baño propio para no mezclarse con los hombres y no incomodar a las mujeres, puede llevar pendientes y dejarse el pelo largo, le ha subido la jubilación y, según presume, puede ascender con más facilidad, gracias a las llamadas "medidas de acción positiva", pensadas para incrementar la presencia femenina en los mandos de las Fuerzas Armadas.

Actualmente, Roberto tiene 35 años, así que, de acuerdo con la Ley de Tropa y Marinería de 2006, si no consigue una plaza fija, en una década tendrá que retirarse. Sin embargo, eso tampoco le preocupa: no descarta presentarse a unas oposiciones para la Policía o la Guardia Civil, donde las pruebas físicas, ya como mujer, serán mucho menos exigentes que las que habría tenido que afrontar si no hubiese modificado su DNI. "Y lo peor es que esto no es un fraude, el fraude es la Ley", concluye indignada Sonia Gómez, portavoz de la Confluencia Movimiento Feminista.

"El fraude es la ley"

Tal y como ella misma subraya, "a esta gente no se la puede acusar de fraude legalmente, porque la propia ley dice que basta sólo con tu palabra. ¿Cómo puede demostrar un juez que yo no me siento lo que sea? Ése es el problema, que la ley Trans es la única ley en la que el sentimiento prima sobre la realidad objetiva", insiste. No en vano, la propia cabo Roberto ya lo advierte en sus entrevistas: "Si alguien me critica, puede estar cometiendo un delito de transfobia", señalaba este martes en El Español y repetía en Antena 3. Las multas, según establece la propia ley, pueden alcanzar los 150.000 euros.

Aun así, los policías y militares de Ceuta no son precisamente los que más preocupan a las feministas. "A fin de cuentas, estos están más o menos controlados y su caso ha salido a la luz -apunta Sonia Gómez-. Nos preocupan más todos los que están fuera del radar. ¿Dónde están todos esos desconocidos que con ésta ley tienen abiertas las puertas a los vestuarios de niñas, a los deportes de mujeres, a las listas cremallera, como hemos visto en Podemos y en Más País, o a las cárceles femeninas?".

Maltratadores y violadores trans

La pregunta no es baladí. De hecho, una de sus quejas es precisamente la ausencia de estadísticas al respecto. "Todavía no hemos logrado que nos digan cuantos hombres bajo el amparo de la ley Trans están en nuestras prisiones y, en el Reino Unido, por ejemplo, se sabe que el 70% de los presos autoidentificados mujeres están detenidos por abusos sexuales o violaciones", denuncia la portavoz de la Confluencia Movimiento Feminista.

En este sentido, recuerda, por ejemplo, que ellas mismas solicitaron sin éxito al Gobierno conocer el paradero de Jonathan de Jesús Robaina Santana, el canario que, durante el juicio por la violación y asesinato de su prima, se cambió de sexo y reclamó ser tratado a partir de entonces como mujer. Y no es el único sobre que el recae la sospecha de haberse acogido a la ley Trans para tratar de beneficiarse judicialmente. Sin ir más lejos, hace tres semanas, también en Ceuta, la prensa local publicaba que los juzgados de la ciudad autónoma se acababan de topar con el primer caso de un hombre que, una vez modificado su sexo registral, había sido detenido y encarcelado provisionalmente por presuntos malos tratos habituales a su pareja, una mujer.

De la determinación de si los supuestos delitos se hubieran materializado antes o después de dicho cambio, depende que pueda se le pueda juzgar bajo la Ley de Violencia de Género. Sin embargo, incluso aunque sea juzgado como hombre, el temor sigue ahí. "Pongamos que el juicio se hace como hombre maltratador, porque lo hizo antes de declararse mujer y la ley dice que entonces tiene que juzgarse como tal… ¿A qué cárcel va a ir si es condenado?", se pregunta Sonia Gómez.

Con todo, y después del escándalo de la ley del 'sólo sí es sí', las feministas creen que si algo demuestra esta nueva polémica es que "Irene Montero ha sido la peor ministra" que podía haber tenido la cartera de Igualdad. Y lo que más les preocupa es que su legado permanece: "Seguimos sin saber en qué gastó el presupuesto de Violencia de Género que, a pesar de multiplicarse, solo sirvió para que los asesinatos machistas aumentaran, mientras dedicaba toda la legislatura a la ley Trans. Pero es que ahí está la marcha oficial del 8-M, la amparada por el Gobierno, en la que se va a leer un manifiesto donde no se habla de las mujeres. De hecho, empieza hablando de la tala de árboles en Madrid. ¿Me puedes decir qué tiene que ver la tala de árboles con los derechos de la Mujeres?".

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