Al Gobierno no le ha gustado el fallo del Supremo que rechaza amnistiar la malversación de Carles Puigdemont. Sólo unas horas después de conocerse la decisión, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguraba que "la voluntad del legislador es tan claro como el propio texto de la ley".
La ministra, tras el Consejo celebrado en la Moncloa, cuidaba hacer valoraciones políticas, para evitar quejas del CGPJ como ha sucedido en otras ocasiones, pero iba dejando diferentes píldoras en las que mostraba su malestar, como cuando recordaba que la ley de amnistía fue "aprobada por la mayoría absoluta del Congreso", obviando que la diferencia de bloques fue de sólo 5 votos.
Alegría conminaba a los magistrado del Supremo a que "apliquen la ley", pero les recordaba que "el texto es claro" y "la voluntad del legislador también" así como "el objetivo de la ley". No es la primera vez que se escuchan unos argumentos similares en la sala de prensa de La Moncloa. La exministra de Igualdad, Irene Montero, también reprendía a los magistrados que aplicaban la reducción de penas en virtud de la ley del "sólo si es sí" por no interpretar "la voluntad del legislador"
La ministra socialista evitaba ir tan lejos como Ferraz donde reconocen "discrepancias" con los argumentos. Incluso aseguraban que "las consideraciones políticas" del Supremo con "innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendadas".
Contra Feijóo
En Ferraz y en Moncloa emplazan al PP a acudir al Constitucional para zanjar cualquier tipo de dudas. En una entrevista en Onda Cero, Alberto Núñez Feijóo avanzaba que agotará los plazos para recurrir ante el Tribunal Constitucional la "chapuza" de la ley de Amnistía. El presidente del PP admitía que su partido tiene "dificultades para aceptar la imparcialidad" del tribunal presidido por Cándido Conde Pumpido.
La afirmación no gustaba en Moncloa, donde Alegría calificaban de "extrema gravedad" las afirmaciones del líder de la oposición y añadía que pone en "duda la imparcialidad" "Respetar la Constitución es respetar las instituciones de nuestro país", añadía mientras le "pedían una rectificación".
A su lado, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cargaba contra el PP por criticar "la politización de este órgano" sólo unos días después de "designar al señor Macías en el mismo". "Se descalifica por sí mismo", añadía la líder de Sumar sobre el acuerdo entre PP y PSOE al CGPJ que incluye el nombramiento de un magistrado conservador que estaba vacante. Díaz criticaba que el PP criticase la "politización de los órganos" pero luego "designase a magistrados de relevancia en nuestro país". Unas afirmaciones que la ministra Alegría no comentaba pese a que atacaba al acuerdo entre PSOE y PP.