El escándalo que ha salpicado de lleno a la directora del Instituto de las Mujeres vuelve a poner de manifiesto el mal uso de los fondos contra la violencia de género. Los 64 contratos adjudicados a dedo por distintos ayuntamientos socialistas a las empresas de Isabel García y su pareja, y las sospechas de un posible amaño en dos concursos, se suman a las denuncias sobre el despilfarro de los fondos del Pacto de Estado que las propias feministas llevan meses remitiendo al Ministerio de Igualdad: millones y millones de euros que debían destinarse a tratar de reducir el creciente número de asesinatos y que, según la Alianza contra el Borrado de las Mujeres estarían yendo a parar a catas de chocolate terapéutico, festivales de perro feminista, carreras de tacones o charlas trangeneristas.
Todo ello mientras el número de mujeres asesinadas sigue batiendo récords. Solo el pasado fin de semana, se registraron cinco víctimas mortales; 27 en lo que va de año. Y la gran pregunta es si este 2024 se podrán reducir los 58 asesinatos que se perpetraron en 2023, la cifra más alta desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.
Lo que más indigna a muchas feministas es que, paradójicamente, esto sucede a pesar de que nunca antes se había destinado tanto dinero a la lucha contra la violencia de género. Cuando Irene Montero llegó al Ministerio de Igualdad en 2020, el Ejecutivo invertía en esta materia 220 millones de euros. Aquel año, se registraron un total de 48 asesinatos. Desde entonces, la partida no ha dejado de crecer hasta que en 2023 alcanzó los 320 millones de euros, lo que no impidió que el número de víctimas marcase récord.
Ahora, queda por ver qué sucede en este 2024, pero, pase lo que pase, si algo dejan claro las últimas noticias es que el despilfarro y el uso indebido de los fondos es más que evidente: de un lado, estarían sirviendo para pagar fiestas de todo tipo; de otro, para contratar a afines, aprovechándose de que muchas iniciativas requieren contratos menores que, por tanto, pueden concederse a dedo sin que, a priori, pueda reprocharse ilegalidad alguna.
Todo queda en casa
El caso de la directora del Instituto de las Mujeres es paradigmático. Tal y como ella misma ha explicado en un comunicado, Isabel García fue diputada de Igualdad en la Diputación de Valencia, cargo que ocupó simultáneamente con el de concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Xirivella hasta julio del 2019. Después daría el salto a Madrid como asesora de José Luis Ábalos -al que conoció en el PSPV- en el Ministerio de Fomento.
Sin embargo, tras la abrupta salida de este del Gobierno en 2022, la feminista decidió montar su propia consultora de Igualdad para poder sacar rentabilidad a los años que, como política, había dedicado a la materia en Valencia. Cuando un año después fue nombrada directora del Instituto de las Mujeres, asegura que se quedó con menos del 10% de las acciones, tal y como marca la ley de Conflictos de Intereses, y delegó toda la gestión a su esposa.
Sea como fuere, el hecho es que sus empresas se habrían beneficiado, según desveló El Español, de más de 60 contratos a dedo de distintos ayuntamientos del PSOE, casi todos valencianos casualmente. E incluso se sospecha del posible amaño de dos concursos en San Fernando de Henares (Madrid), a los que se presentaron tres ofertas, pero todas relacionadas con ella: las de las dos empresas que gestiona su pareja y una tercera que, a priori, no tiene nada que ver, pero en la que aparece su correo personal como contacto.
Muchos de los contratos están destinados a la organización de los llamados Puntos Violeta, centros de ayuda a las víctimas de violencia de género, en los que se ofrece la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de este tipo y que, además de en determinados lugares fijos, también se suelen colar en fiestas locales para recoger denuncias de intentos de agresión. El problema es que la inmensa mayoría de ellos están financiados con dinero de las políticas de Igualdad impulsadas por el Ministerio, del que Isabel García es alto cargo.
El despilfarro de los fondos del Pacto de Estado
El escándalo ha saltado a la prensa coincidiendo con el escrutinio que la Alianza contra el Borrado de las Mujeres está haciendo de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Aunque cada poco se va actualizando el número de denuncias, las feministas ya habrían encontrado más de 120 actividades que se han sufragado con dicha partida y que poco o nada tienen que ver con intentar reducir el número de asesinatos.
Entre los casos documentados, se encuentran catas de chocolate, festivales de perreo feminista, carreras de tacones, papeleras y contenedores para tampones, pasos de peatones arcoíris, talleres de maquillaje, charlas LGTB o bailes vermú. A juicio de la Alianza, esas iniciativas "no son objeto de ninguna medida financiable con los fondos del Pacto de Estado", por lo que podríamos estar hablando de "prácticas malversadoras".
Precisamente por eso, señalan directamente a la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la que se le acumulan los escándalos a pesar del perfil bajo que trata de mantener para romper con la imagen de radicalidad que le dejó su predecesora: "Es de su responsabilidad litigar para recuperar los fondos malversados y garantizar que el dinero no tenga un uso diferente de aquel al que estaba destinado, ya que esto afecta a la función encomendada a los asuntos competenciales de su administración y afecta gravemente al Pacto de Estado".