La decisión de Begoña Gómez de acogerse a su derecho a no declarar ante el juez que la investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios no detiene al juez Peinado. El magistrado decidía imputar, al hasta ahora testigo, el empresario Juan Carlos Barrabés, que participó en los másteres de Gómez en la Universidad Complutense y que podría haberse visto beneficiado en la adjudicación de contratos públicos.
En el PP acusan a Pedro Sánchez de convertir la Moncloa en una oficina de negocios familiares, y en el PSOE se quejan de una "persecución cruel" tras la que "no hay nada". Aunque en el PSOE, García-Page es más precavido.