"El 24 de junio de 2022 alrededor 2.000 personas, en su mayoría de origen sudanés, trataron de cruzar la frontera entre España y Marruecos por el puesto fronterizo de Barrio Chino. A ambos lados de la frontera, las fuerzas policiales y de seguridad reprimieron y
golpearon a las personas migrantes". Así comienza la argumentación de la última exigencia de Podemos a Sánchez que incluye, por ejemplo, "emprender las medidas oportunas para asegurar la realización de una investigación independiente, adecuada y efectiva para esclarecer los hechos ocurridos el 24 de junio de 2022 en la frontera sur con Marruecos", o "asegurar el acceso de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación por los hechos ocurridos el 24 de junio de 2022 en la frontera sur con Marruecos".
La exigencias de Podemos incluyen un último punto: "Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que estos gravísimos episodios no vuelvan a repetirse". Pero, para que se adopten esas medidas desde España, debería haber sido responsabilidad de los agentes españoles, lo que no está respaldado por prueba alguna.
Según Podemos, "Amnistía Internacional sostiene que la masacre de Melilla podría haber causado más de 100 fallecidos. Según la organización, la policía española devolvió al menos a 470 personas de forma sumaria y sin garantías a Marruecos. Durante horas, cientos de personas heridas permanecieron en el puesto fronterizo, sin recibir ningún tipo de asistencia sanitaria. Posteriormente, alrededor de 500 personas fueron trasladadas en autobuses a zonas remotas de Marruecos, donde fueron despojadas de sus posesiones y abandonadas al borde de la carretera sin atención médica".
Los socios de Pedro Sánchez añaden en su exposición que "dos años después de aquello, ni Marruecos ni España han realizado una investigación adecuada y efectiva de lo ocurrido, por lo que, lejos de depurar responsabilidades, se han perpetuado la impunidad y el oscurantismo. En España, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska afirmó en noviembre de 2022 que ‘no hubo ningún hecho trágico en territorio español’ y, un mes después, en diciembre, la Fiscalía archivó la investigación sobre los hechos".
En Marruecos, "el ministerio público ha hecho lo propio al no ver, según las informaciones públicas disponibles, ‘indicios de delito’. Con ello, ambos gobiernos han eludido su responsabilidad sobre los hechos mientras las víctimas y sus familias continúan desamparadas. Asimismo, las fronteras de Melilla y Ceuta se mantienen a día de hoy blindadas", afirma el partido de Ione Belarra.
Y Podemos tiene ya su sentencia: "Esta masacre es un episodio más de los innumerables crímenes cometidos en las fronteras europeas por parte de las autoridades nacionales u organismos como Frontex".
Según los podemitas, "no se trata de un hecho aislado, sino que se deriva de una política migratoria inhumana y cruel, con efectos letales, basada en la contención, la devolución masiva, el incumplimiento sistemático de los derechos de las personas que migran y la total deshumanización de las mismas, particularmente las racializadas".