De momento, es una guerra soterrada. En público se mantienen las formas y se evita la lucha partidista pero en privado se suceden los comunicados que anticipan una confrontación fría. La Secretaría de Estado de Comunicación envío miércoles por la noche un argumentario a sus más adeptos en el que cargaba contra "la deslealtad sin precedentes de Feijóo y Mazón".
Ya de noche, el ministerio del Interior lanzaba un comunicado en el que buscaba derivar toda la responsabilidad sobre las alertas emitidas hacia el gobierno de Mazón, asegurando que son competencia "exclusiva" de las CCAA a través de Protección Civil. La alerta a los móviles se dio pasadas las 20.10 del martes, cuando la situación era ya dramática.
El Gobierno responsabiliza a Mazón de no activar el mensaje a la ciudadanía, incluso de minimizar la tormenta en un tuit publicado a las 13:00 y luego borrado, pero desde el Ejecutivo Valenciano aseguran que cumplieron el protocolo, similar al que adoptó Castilla la Mancha, y que se tomó "de acuerdo con delegación de Gobierno, bomberos, emergencias, y todo el resto de entidades y organismos".
¿Se podría haber activado la "alerta nacional"?
Con una cifra todavía incierta de fallecidos, pero que ya superan el centenar y medio, la lucha política empieza a extenderse. Desde el Ejecutivo valenciano recuerdan que los avisos se producen en coordinación con organismos estatales, como la AEMET o la Conferencia Hidrográfica de Júcar. Así lo señaló también el propio Alberto Núñez Feijóo, que reclamó a Pedro Sánchez "alguna colaboración" con las CCAA. Ambos organismos son competencia del Ministerio de Transición Ecológica, de Teresa Ribera. A estos dos corresponde el monitoreo y la evaluación de los riesgos.
La ministra publicó un tuit a las 12:45 pidiendo "máxima cautela en el área mediterránea" pero no estaba en España ya que está ultimando los preparativos para tomar posesión como próxima comisaria de Competencia. Incluso esa noche, durante el Comité de Crisis presidido por María Jesús Montero, participó de forma telemática.
Desde el Gobierno defienden que la Agencia Estatal de Meteorología ya había elevado la alerta roja a las 07:31 de la mañana a las localidades de la Huerta Sur y a las 09:41 lo elevó a toda la provincia. Pero lo cierto es que, pese a que afectaba a varias provincias y tres comunidades (Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía), el Gobierno no decretó la alerta nacional para, supuestamente, no quitar competencias a los Ejecutivos autonómicos.
Según la "Guía de organización operativa estatal para la respuesta inmediata ante emergencias de Protección Civil", publicado por el Ministerio del Interior, hay cuatro fases de emergencia. El Gobierno podía haber asumido el mando, decretando la situación 3, que es cuando se "considera que está en juego el interés nacional". Compete al ministro del Interior, bien por propia iniciativa, o a instancia de las Comunidades Autonómicas afectadas, o de los delegados del Gobierno en las mismas. Esto hubiese implicado que el director de la emergencia fuese el ministerio del Interior y la UME habría asumido la dirección operativa de la emergencia bajo su dirección.
Tampoco actuó sobre las autopistas nacionales, como la A3, donde miles de coches quedaron atrapados, ni la AP7, ni suspendió el tráfico de ferrocarriles. La otra cuestión es si la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar) mantuvo limpios los cauces de ríos y los barrancos. Lo que parece evidente es que, a tenor de los fotografías, el agua se llevó por delante miles de árboles y maleza que contribuyeron a crear un lodo que fue letal.
Tampoco hubo discusión en el seno del Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado) situado en La Eliana y que fue convocado por el Gobierno de Carlos Mazón a primera hora de la tarde del martes. A los pocos minutos, empezaban las riadas sin que los Ayuntamientos de la Huerta Sur, que tienen las competencias sobre la policía local, avisasen a la población y desalojasen a los ciudadanos.
Comienza la tensión
No fue hasta el miércoles por la tarde cuando comienzan las tensiones. Tras el Comité de Crisis, celebrado en la Moncloa, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asegura que no se solicitó ayuda de la UME hasta las 20.36 del martes, cuando la zona ya estaba desbordada y la catástrofe era inevitable.
Algo que se desmiente con los post en X de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que a las 15:21 del martes confirmaba asegurando que la consejera valenciana le había pedido la intervención de la UME "para apoyar a los medios" de la Generalidad valenciana.
"Desde el Gobierno de España atendemos la petición y colaboramos con ellos ante la emergencia provocada por la DANA en Utiel", decía en su mensaje, lo que deja en evidencia la información dada por el ministro en rueda de prensa desde Moncloa. A partir de ahí, sube la tensión que ha desembocado en una guerra entre el Gobierno central y el valenciano que irá a más según avancen los días.
Es casi inevitable que se produzca un cruce de reproches, especialmente cuando avance la gestión de la crisis. Sin embargo, dado el número de administraciones implicadas en la prevención y coordinación de la catástrofe, será difícil depurar responsabilidades, si las hubo, o concluir que se podía haber evitado la tragedia, especialmente cuando se trata de una catástrofe natural de tal envergadura.