El presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, ha dado este jueves un giro a las investigaciones en curso al asegurar en su declaración voluntaria en la Audiencia Nacional que varios altos cargos del PSOE recibieron grandes sumas de dinero de manera irregular. De acuerdo con su testimonio, Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, habría recibido un sobre con 15.000 euros. Además, de Aldama afirmó que José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, habría recibido 250.000 euros, y que Koldo García, antiguo asesor de Ábalos, habría recibido otros 100.000 euros.
La declaración de Aldama también ha implicado al actual ministro y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien, según el presunto implicado, habría solicitado 50.000 euros. Estas nuevas revelaciones, que han caído como un jarro de agua fría en la política española, acusan directamente a destacados miembros del PSOE de estar involucrados en una trama de corrupción que, según Aldama, tiene ramificaciones profundas en el seno del partido.
El testimonio de Víctor de Aldama, quien se encuentra bajo investigación por su vinculación con la 'trama Koldo', está siendo considerado por los investigadores como un elemento clave para esclarecer el alcance de los posibles delitos cometidos por los mencionados dirigentes socialistas. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los implicados ha confirmado o desmentido públicamente las acusaciones de Aldama, que, en todo caso, deberán ser probadas en el marco de la instrucción judicial.
El Partido Popular y Vox ya han reaccionado con dureza a estas revelaciones, pidiendo la dimisión inmediata de los implicados y exigiendo una investigación exhaustiva para esclarecer si estas acusaciones se basan en hechos reales. Por su parte, desde el PSOE han evitado pronunciarse directamente sobre las acusaciones, alegando que el proceso judicial debe seguir su curso.
La 'trama Koldo' continúa siendo uno de los casos más mediáticos de la política española, y estas nuevas acusaciones podrían generar aún más tensiones dentro del Gobierno y el Partido Socialista, que se enfrentan a la presión de la opinión pública y de la oposición para que se aclare la verdad sobre estos presuntos pagos ilícitos.