La denuncia ha partido del sindicato ACAIP-UGT: "Queremos denunciar la inacción y el incumplimiento de los protocolos de prevención y actuación frente al acoso por razón de sexo en el ámbito penitenciario, responsabilidad directa de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias". Y ese departamento es responsabilidad directa del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres
"La respuesta obtenida a través del Portal de Transparencia por parte del Director General de Ejecución Penal, Miguel Ángel Vicente, confirma esta realidad. La Administración admite no disponer de los datos relativos a denuncias por acoso sexual y por razón de sexo en los centros penitenciarios, a pesar de estar legalmente obligada a recopilar esta información desde la creación del Departamento de Igualdad en 2021", señala el sindicato. Esta omisión vulnera lo dispuesto en la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como las normativas específicas en materia de prevención del acoso laboral, normas que el propia ministro ha defendido. Para los demás.
"Este vacío no solo es una falta administrativa; tiene consecuencias reales y graves para las trabajadoras penitenciarias. Un caso reciente y especialmente alarmante es el de Diana (nombre ficticio), funcionaria de la prisión de Sevilla II, quien denunció públicamente las humillaciones y menosprecios sufridos por parte del director del centro, quien ante las amenazas sufridas por la trabajadora por parte de un preso con delitos graves de narcotráfico se refirió a ella incluyendo comentarios como "siendo tú mujer, y él un caco ¿qué te esperabas?", ha añadido el sindicato. Esta actitud "intolerable" derivó en una baja médica reconocida como accidente laboral, "dado el evidente vínculo entre el maltrato psicológico recibido y su estado de salud", añade la denuncia.
"Por otro lado, es sorprendente la afirmación de la administración penitenciaria de que no tiene registrada ninguna denuncia por actos de agresión, acoso o amenazas por razón de sexo realizadas por internos en centros penitenciarios hacia funcionarias registrada en el Registro Específico de Agresiones", añaden desde ACAIP-UGT. "Dicha respuesta es altamente inverosímil, salvo que efectivamente vengan a afirmar que no están cumpliendo el protocolo de agresiones a trabajadores penitenciarios y no se investigan las causas de las agresiones, o que en la investigación de dichas causas no se tiene en cuenta la variable sexo, incumpliendo lo dispuesto en la Ley de Igualdad de manera sistemática".
Para los sindicatos de prisiones, lejos de garantizar un entorno laboral seguro y libre de discriminación, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está incumpliendo sistemáticamente sus responsabilidades. No sólo no recopila ni analiza los datos necesarios para detectar y combatir estas conductas, "sino que permite que casos como el de Diana se repitan, sin tomar medidas ejemplares contra los responsables. Además el protocolo de de prevención de agresiones actual no incorpora las agresiones sexuales salvo que haya lesión física", añaden.