La juez Biedma quiere acabar con los esquinazos que hasta el momento le han dado las ramificaciones del Gobierno de Sánchez para eludir su obligación de colaborar con la Justicia. La magistrada ha citado a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno el día 9 de enero. Pero la espera hasta ese día no será un camino de rosas para el hermano quintuimputado de Sánchez. Por el camino irán todos los implicados de la Agencia Tributaria en la elaboración del polémico e increíble informe anónimo de Hacienda que exculpó a David Sánchez de todo sin dar un único argumento para ello. Y justo después de Sánchez desfilarán como testigos hasta ocho cargos de la Administración socialista de Extremadura.
La trampa a la que se enfrenta el hermano de Sánchez justo a la vuelta de Navidades no lo sería para nadie que haya hecho lo exigido legalmente en el pago de los impuestos. Pero sí para alguien que tenga problemas para explicar su situación.
Hay que recordar que David Sánchez ha asegurado que no es residente español a efectos del pago del IRPF —con lo que no lo ha pagado, al menos en España— y acto seguido ha afirmado que, pese a ello, cobra de un pagador principal español —la Diputación socialista de Badajoz, donde le crearon un puesto nada más llegar Sánchez al poder del PSOE— y acude a trabajar a España. Y la ley obliga a pagar el IRPF en España, ya sea porque el pagador es español o porque el lugar de trabajo o residencia es español. Pero, para colmo, su entorno primero justificó que teletrabajaba desde Portugal —lo cual no invalidaría su obligación de pago en España de IRPF— y, acto seguido, que acudía al trabajo físicamente.
Los implicados del informe deben testificar
"Cítense, con entrega personal de la correspondiente cédula en la Delegación de la AEAT en Badajoz por parte del Servicio encargado de las notificaciones en la Nueva Oficina Judicial , para ser oídos en declaración como Testigos-Peritos a", señala el nuevo auto de la juez:
"- La inspectora regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín , el 8-1-2025 a las 11:00 horas; el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño, el 8-1-2025 a las 11:30 horas; y la delegada especial de la AEAT de Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez, el 8-1-2025 a las 12:00 horas".
Traducido, todos los implicados en el informe de Hacienda que se presentó sin autores oficiales deben pasar a testificar y explicar el baile de versiones y conclusiones. Es más, tienen que declarar justo antes de que lo haga el hermano de Sánchez el día 9 de enero a las 9:30 horas. O, lo que es lo mismo, que cuando la juez tenga delante suyo al hermano del presidente, lo hará conociendo todas las versiones de los inspectores fiscales.
La historia de este más que irregular capítulo de Hacienda es la siguiente. La juez Biedma intentó recabar información para certificar si David Sánchez había cometido un delito contra la Hacienda Pública por no pagar impuestos en España asegurando que era residente portugués. Hacienda contestó con un informe anónimo, sin sello y de argumentación insostenible. La juez reclamó el nombre de los autores. Y más allá de lo impresentable del sainete —con olor a nula colaboración con la Justicia, nada menos que de Hacienda— resultó que uno de los nombres incluidos como autores nunca debería haber estado por ser un cargo de designación evidentemente político: el de la delegada especial de la AEAT en Extremadura —Clara Isabel Santos Diéguez—.
Un informe firmado por un "cargo con claro tinte político"
Fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por Libertad Digital han confirmado esta irregularidad y afirman que "es extrañísimo" que un informe así lo firme un "cargo con claro tinte político", para empezar porque apunta a "la existencia de un control político. Y hay pocos cargos por encima que puedan dar una orden a una delegada especial", añaden.
Hacienda, además, intentó colar un informe totalmente exculpatorio que carecía de la más mínima base y hasta firma. La exigencia de responsables por parte del Juzgado llevo a que Hacienda tuviera que señalar tres nombres: la inspectora regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín; el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño; y la delegada Especial de la Agencia Tributaria de Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez. Pues bien, fuentes de la Agencia Tributaria (AEAT) no han dejado de subrayar su enorme perplejidad por ver un cargo de marcado tinto político como un delegado especial en ese listado.
Por si fuera poco, los tres supuestos autores del informe firmaban de "forma conjunta", todos ellos aseguraban haberse encargado de "la consulta de los datos que constan en las bases de datos de la Agencia Tributaria" sobre David Sánchez, "del análisis de los mismos" y del resultado de sus leves pesquisas.
Para colmo, un escrito de 2 páginas firmado por la misma delegada especial de la Agencia Tributaria en Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez, subrayó que el informe que en principio daba la razón a David Sánchez se limitó a una consulta en las bases de datos de Hacienda sin haber efectuado una investigación formal. Dicho escrito, este sí firmado, fue remitido después de que la magistrada solicitara que se identificara con nombres y apellidos al autor del informe que negaba las supuestas irregularidades fiscales de David Sánchez.