La citación como imputado del hermano de Pedro Sánchez complica aún más si cabe el horizonte judicial del PSOE. Acusado de presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, la jueza Beatriz Biedma trata de aclarar cómo se gestó su polémico fichaje por parte de la Diputación de Badajoz como "coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música" primero y como "jefe de la Oficina de Artes Escénicas" después.
Para ello, no solo ha citado a declarar al propio David Sánchez el 9 de enero, sino que también ha citado a otras ocho personas más en calidad de imputados, que, de una u otra manera, habrían participado en la contratación del hermano del presidente del Gobierno, al que también se cuestiona tanto por no acudir a su puesto de trabajo, como por eludir el pago de impuestos con la excusa de residir en Portugal.
Miguel Ángel Gallardo
El nombre más destacado de la lista es el de Miguel Ángel Gallardo. Presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista será el primero en declarar después del propio David Sánchez, como responsable último de su contratación. Tal y como han desvelado los informes de la UCO, a pesar de que, durante la elaboración de los presupuestos del año 2017, el propio Gallardo consideró "excesiva" la propuesta de gasto para cubrir las necesidades de personal, tres días más tarde, el 8 de octubre de 2016, se ordenó la creación de "un puesto de alta dirección en el seno del Conservatorio Superior de música" que hasta entonces ni siquiera se había contemplado. Aquello supuso "un aumento de 123.000 euros" en la partida de gasto.
Finalmente, el 10 de julio de 2017 —mes y medio después de la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE—, la Diputación de Badajoz, presidida por Gallardo, suscribía con David Sánchez el contrato por el que se convertiría en coordinador de Actividades de los Conservatorios, cargo que, a partir de 2022, se transformaría en jefe de la Oficina de Artes Escénicas, después de que la Diputación camuflara el cambio de puesto en una mera "modificación" del nombre para no sacarlo a concurso. Así, el músico empezó cobrando un sueldo base de 13.576,22 euros al año más 27.655,05 euros de completos, lo que sumaba algo más de 41.000 euros anuales, y, en estos momentos, tras varias subidas, su salario supera los 54.000 euros.
Curiosamente, tal y como ha publicado Libertad Digital, Miguel Ángel Gallardo no ha dejado de medrar en el partido desde entonces. Es más, en 2019, fue premiado con el cargo de vicepresidente de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI) y el pasado mes de marzo fue nombrado secretario general del PSOE de Extremadura.
Elisa Moriano
La tercera imputada en declarar ante la juez Biedma será Elisa Moriano, directora del área de Cultura entre 2015 y 2019 y, por tanto, figura clave en la creación del puesto del hermano de Pedro Sánchez. Aunque la UCO dice desconocer a ciencia cierta de quién partió la orden, sí pone de manifiesto las contradicciones de Moriano.
Para ello, se remonta al 26 de octubre de 2016, cuando, en la mesa de negociación con los sindicatos, el delegado de CSIF, Francisco Serrano, mostró sus dudas sobre la creación de un nuevo puesto de alta dirección para coordinar los conservatorios con unas funciones que antes desempeñaba un empleado que se jubiló, perteneciente al subgrupo A2. "Por lo que entendemos que este puesto de coordinador no requiere la preparación de alta dirección", apuntaba el sindicalista, que asegura que "podría gestionarlo otro profesor", sin necesidad de comprometer el elevado gasto que se estaba planteando.
Para justificar tal decisión, Moriano alegó que había sido "el director del conservatorio superior", Evaristo Valentí, el que lo había propuesto. Sin embargo, la UCO ha desmontado su coartada con un correo en el que se ve que es el aludido el que recibe la noticia de la creación de dicho puesto y añade: "Es de agradecer, pero como necesidades imprescindibles, tengo que insistir, es la de, al menos, un profesor de piano de acompañamiento, y alguien que se encargue más días de la biblioteca, que ahora mismo está sin abrir desde hace bastante".
Además de su papel en la creación del puesto, Moriano también fue la responsable de la evaluación al hermano de Pedro Sánchez para acceder al mismo. Cabe recordar que su elección no fue fruto de una oposición ni un concurso, sino de una valoración subjetiva, tal y como recogió su propuesta de contratación, ya publicada por Libertad Digital: "La preparación demostrada, su currículo, la defensa del proyecto, las propuestas de mejora realizadas y, sobre todo, la contestación a las preguntas que se formularon en la entrevista, le hacen el candidato más idóneo, para desempeñar el referido puesto".
Cristina Núñez
Junto a Moriano, también está llamada a declarar Cristina Núñez, diputada de Cultura hasta julio de 2018 y encargada de firmar el acta en la que se proponía a Sánchez como el "candidato más idóneo" para el puesto, ahora bajo investigación. Además, ella misma asistió "personalmente" a la entrevista con los candidatos, tras una decisión de última hora: "Inicialmente se valoraron los currículos presentados (…) posteriormente, se procedió a realizar las entrevistas personales (…) entrevistas a las que, junto a los técnicos, asistí personalmente".
Para justificar su elección, la diputada socialista -el único cargo puramente político del tribunal- se deshizo en elogios hacia David Sánchez: "Se observa una gran experiencia en la dirección de orquestas y en las actividades pedagógicas. Realiza una buena defensa de su proyecto, marcando claramente objetivos y metodología, exponiendo ejemplos aclaradores. Posee la titulación necesaria y un amplio currículo académico en el que destaca además de su formación musical su alto conocimiento de idiomas. Su actitud ante la responsabilidad del puesto ofertado en cuanto a la gestión, compromiso y orientación a resultados buscadas por la Diputación de Badajoz es correcta. Se estima que el candidato posee las habilidades y actitudes necesarias para el desempeño de las funciones directivas del puesto objeto de |a convocatoria y, en general, sobre todos aquellos aspectos que permiten aprobar la idoneidad del candidato para el puesto".
Los otros implicados
Junto a los personajes principales del caso, la jueza también ha llamado a declarar como imputados a Juana Cintas Calderón, directora del área de Recursos Humanos y Régimen Interior entre 2015 y 2023; a Manuel Candalija Valle, que es ahora director del área de Cultura, pero que en el momento del contrato era jefe de servicio de actividades culturales; a Félix González Márquez, antiguo jefe de servicio de Gestión de Recursos Humanos, Inspección y Evaluación; a Emilia Parejo Gala, directora del Área de Cultura entre 2019 y 2023; y a Francisco Martos Ortiz, alcalde de Castuera y diputado delegado de Cultura y Deportes entre 2019 y 2023.
Como testigos, está previsto que comparezcan Evaristo Valentí, que fue director del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil hasta 2020; su sucesora, María del Rosario Mayoral; y Yolanda Sánchez Baltasar, directora del Conservatorio Juan Vázquez. Estos tres declararán el día 8 de enero, un día antes que los imputados, lo que podría ser determinante para determinar posibles contradicciones de los mismos. No en vano, particularmente significativa será la declaración de Valentí, quien, como ya hemos comentado anteriormente, escribió un correo que desmontaría la coartada de Elisa Moriano.
Inspectores de Hacienda
Al margen de la trama política, la jueza encargada del caso también quiere indagar en las cuestiones relativas al escándalo tributario que acorrala al hermano de Pedro Sánchez, antes de escucharle a él mismo. Así, ha citado a declarar el día 8 de enero a la a inspectora regional de Extremadura , María Encarnación Cabezas Martín, al jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño, y a la delegada especial de la AEAT de Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez.
Los tres serían los autores del informe anónimo, sin sello y de argumentación insostenible, que justificó que David Sánchez no pagara impuestos en España tras reivindicarse como residente en Portugal, pero llama particularmente la atención la participación de Clara Isabel Santos Diéguez. Fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por Libertad Digital han confirmado esta irregularidad y afirman que "es extrañísimo" que un informe así lo firme un "cargo con claro tinte político", para empezar porque apunta a "la existencia de un control político. Y hay pocos cargos por encima que puedan dar una orden a una delegada especial", advierten
La delegada especial de la AEAT en Extremadura reconoció, además, que el informe que en principio daba la razón a David Sánchez se limitó a una consulta en las bases de datos de Hacienda sin haber efectuado una investigación formal.