La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha revelado en el foro "Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar" que las primeras 438 viviendas promovidas por la nueva empresa pública de vivienda se ubicarán en Valencia y serán "100% asequibles" para apoyar a los afectados por la DANA. Rodríguez ha defendido la creación de esta nueva entidad pública, que se basará en la SEPES, para desarrollar un "instrumento integral" que controle todo el ciclo residencial, desde la urbanización del suelo hasta la entrega y gestión de los inmuebles.
La noticia ha generado preocupación entre los sectores de la derecha, que ven en este plan una muestra más de la tendencia del Gobierno a expandir el control estatal sobre la vivienda, un sector que históricamente ha sido gestionado por el mercado. Desde el Partido Popular y Vox, se alerta de que la creación de esta empresa pública supone un paso más hacia la nacionalización de la vivienda y un ataque a la libertad de elección de los ciudadanos.
"Es una medida que nos aleja de la competencia y de la eficiencia, ya que el control absoluto de la vivienda por parte del Estado no favorece la creación de empleo ni el dinamismo económico", ha afirmado la portavoz del PP, Cuca Gamarra, quien añadió que este tipo de iniciativas "desincentivan la inversión privada y retrasan la recuperación económica".
Por su parte, Vox ha criticado el plan de la ministra como una "imposición comunista" que busca ampliar el control del Gobierno en el sector privado. "El Ejecutivo está utilizando la vivienda como una herramienta para ganar votos, pero lo único que consigue es crear un modelo dependiente del Estado que no beneficia ni a los trabajadores ni a los propietarios", afirmó Iván Espinosa de los Monteros.