El juez Peinado no sólo ha imputado a la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, por un delito de tráfico de influencias. También lo ha hecho por otro de corrupción en los negocios, tal y como ha hecho constar el magistrado el en su auto. Y eso supone que la investiga también por presuntas ofertas corruptas de dádivas a empresarios en favor de la cátedra regalada a la mujer del presidente. Y esas ofertas, por lógica, sólo pueden responder a favores desde Moncloa.
"Se acuerda dirigir la investigación, contra Cristina Álvarez Fernández, como posible partícipe en los hechos investigados, que pudieran ser constitutivos como posible partícipe en los hechos investigados, que pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y de un delito de corrupción en los negocios", señala el juez Peinado.
Cargos directos de Presidencia del Gobierno
Y la corrupción en los negocios es un delito muy delicado. Especialmente si se trata de protagonistas políticos y, aún más, si son cargos directos de Presidencia del Gobierno. Porque ese es el cargo de Cristina Álvarez: directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.
Este delito engloba un conjunto de comportamientos castigados penalmente que consisten en pagar o recibir sobornos para obtener o conceder ciertas ventajas competitivas. Y en el caso de Begoña Gómez, sólo puede consistir en pagar, no en recibir.
La corrupción es una práctica que consiste en el uso de las funciones y medios de las organizaciones en provecho de sus gestores. Por lo tanto, los delitos de corrupción en los negocios consisten en ofrecimientos económicos, regalos o dádivas con el fin de obtener beneficios. También puede consistir en solicitar, aceptar o recibir estos sobornos.
En el caso Begoña Gómez, y teniendo en cuenta que consta como prueba ya en manos del Juzgado que Cristina Álvarez reclamó patrocinios para la cátedra de la mujer del presidente, la adaptación de este delito parece clara: se centraría en el presunto ofrecimiento de favores a cambio de los patrocinios. Y eso significa que se investigan posibles favores desde el departamento de Cristina Álvarez, que es nada menos que Presidencia del Gobierno.
Los delitos de corrupción en los negocios están recogidos en los artículos 286 bis a 286 quater, en la Sección 4 del Capítulo XI del Código Penal (De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores), dentro del Título XIII (Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico).
Estos delitos se incluyeron en la reforma del Código Penal de 2010, pero se modificaron en las reformas de 2015 y 2019. La razón de la introducción de estos artículos responde, precisamente, a la necesidad de poner freno a la corrupción a nivel nacional e internacional, en conexión con el sector empresarial.